Con el aval del Procurador Eduardo Casal, la Justicia está a punto de concederle a Farmacity el aval para desembarcar en la provincia de Buenos Aires, a pesar de la ley vigente desde hace más de 30 años que lo impide. Con mucho menos poder de presión, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia y los bloques opositores en la Legislatura bonaerense pusieron el grito en el cielo. Ahora resta que se expida la Corte Suprema.
«Exigimos que se respete la ley y la independencia de poderes. Pedimos además a legisladores provinciales de todos los bloques que defiendan la actividad farmacéutica de los negocios de unos pocos», demandó el legislador massista Lisandro Bonelli.
El legislador, que presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para poner un freno a la cadena Farmacity, consideró que “el visto bueno de la Procuración evidencia una clara presión del vice jefe de Gabinete de la Nación y accionista de la empresa, Mario Quintana, a la Corte Suprema de la Provincia que se debe expedir sobre el tema”.
“Exigimos que se respete la ley y la independencia de poderes. En Buenos Aires las farmacias no son simples comercios, son un servicio público y el medicamento no es una mercancía si no un bien social”, agregó.
Desde Unidad Ciudadana denunciaron que «con este dictamen, Farmacity avanza en su intención de burlar la prohibición que regía para el ingreso de este tipo de compañías al territorio bonaerense, permitiéndole al amigo del presidente Mauricio Macri y actual vicejefe de Gabinete expandir sus negocios en la provincia que concentra la mayor población del país».
El mismo bloque aseguró que «los más afectados (por el desembarco de Farmacity) van a ser los jubilados, los pacientes con enfermedades crónicas y sectores más vulnerables que van a quedar a merced de intereses monopólicos» así como «los habitantes de las localidades y los pueblos más pequeños donde el negocio no será rentable y van a estar desprotegidos».
Por su parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, Isabel Reinoso, explicó: “Es un juicio que inició Quintana en 2012 y ha perdido en todas las instancias en la provincia de Buenos Aires. El año pasado cuando la empresa presentó una queja y pidió el expediente a La Plata, nosotros salimos a alertar que esto se estaba dando vuelta por la influencia del vice jefe de Gabinete de la Nación”.
“La Procuración le está dando indicaciones a la Corte. Es un avasallamiento a la independencia de poderes y a las Provincias que son las que tienen que resolver las cuestiones de salud. Y el acceso de medicamentos y la salud es un tema de salud pública”, afirmó Reinoso.
Los farmacéuticos bonaerenses se plantaron y están decididos a dar una batalla en todos los planos para evitar que la cadena Farmacity desembarque con sus locales «polirrubro» que incluye la venta de remedios en las ciudades del territorio.
Hace unos meses, el Colegio y otras entidades que representan al sector, realizaron un «abrazo simbólico» al palacio de los Tribunales, en el centro porteño. Es que el pleito deberá resolverse en los despachos de los jueces de la Corte.
«La normativa provincial es constitucional y de corte sanitario. La irrupción de un modelo de mercado que propone la cadena Farmacity pondría en riesgo la sustentabilidad de todo el sistema», agregaron los que se oponen a este intento del Ejecutivo de instalar Farmacity en Buenos Aires.
El dictamen de la Procuración General de la Nación ha sido a la medida de las farmashoping. Para los farmacéuticos es un claro ataque al federalismo en defensa de los negocios de un funcionario público. https://t.co/gdvGkB5yw7 pic.twitter.com/VDfXCywpix
— Colfarma (@colfarma) April 13, 2018
En el mismo sentido se expresó ayer el Defensor adjunto del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino.
“Estamos preocupados por el dictamen de la Procuración General de la Nación a favor de que la empresa Farmacity opere en la Provincia. Esta decisión lo único que hace es beneficiar a un grupo económico violentando una ley que estaba vigente y no había generado inconvenientes”, afirmó.
Fallo polémico
En concreto, el procurador General de la Corte Suprema da la Nación, Eduardo Casal (quien ocupa el cargo en forma interina) dictaminó que el artículo 14 de la Ley de Farmacias que rige en la Provincia desde hace más de tres décadas es inconstitucional.
Esa normativa, que permitió el desarrollo de las farmacias en todo el territorio provincial, era reclamado por la cadena que vende medicamentos y otros productos como en un supermercado, y que fue dirigida hasta hace dos años y medio por el actual vicejefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Maruricio Macri, el poderoso ex CEO Mario Quintana.
Tras este polémico fallo que contradice a la Justicia bonaerense, la Corte Suprema podría resolver en la misma línea y permitiría que los comercios pertenecientes a sociedades anónimas puedan operar en el territorio bonaerense.
Como se sabe, dos de los integrantes del máximo tribunal -Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- se excusaron de votar por sus vínculos con la cadena. Entonces serán sólo tres los jueces que decidirán el desembarco, para lo que necesitan unanimidad.
La ley vigente desde 1987 permite la instalación de farmacias en manos de empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro y mutuales; pero no a sociedades anónimas, como es el caso de la cadena Farmacity ya que, según la normativa, las farmacias no son un comercio, sino un servicio público como extensión del sistema de salud.