En un nuevo capítulo del caso YPF, el gobierno de Donald Trump formalizó su presentación a favor de la Argentina, mientras que Burford informó a la Corte de Apelaciones que no pretende retener las acciones de la petrolera si Argentina gana su apelación. Su objetivo es que el país no pueda apelar sin antes depositar una garantía.
«No desean administrar una petrolera y buscarán la mejor manera de devolver las acciones», señaló el especialista en la materia, Sebastián Maril, de Latam Advisor.
«Los abogados de Burford ya presentaron su escrito oponiéndose a la suspensión de la orden de Preska de entregar las acciones de YPF. Conscientes del riesgo de que la Cámara falle a favor de Argentina, ahora plantean, alternativamente, que la Cámara devuelva el expediente a jueza para evaluar algún método de garantía menos oneroso, sin detallar cuál sería», explicó otro especialista en la materia, el abogado internacional Sebastián Soler.
Y agregó: «Pero podemos suponerlo recordando la garantía, según ellos «mínima», que habían pedido en 2023 (y Preska había considerado razonable): 1) en lugar de entregar todas las acciones de YPF, entregar la mitad, y 2) ceder miles millones de dólares en créditos por cobrar relativos a Yacyreta».
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A su vez, esta mañana se conoció que el gobierno de Donald Trump presentó formalmente ante la Justicia de Estados Unidos su respaldo a la Argentina en el intento de frenar la entrega de acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por 16.000 millones de dólares, derivado de la expropiación de la petrolera.
La intervención del Departamento de Justicia (DOJ) se formalizó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que esta semana suspendió de forma temporal la orden de la jueza Loretta Preska que exigía transferir de inmediato las acciones. El tribunal deberá definir antes de fin de julio si acepta el planteo argentino.
En su presentación, EE.UU. expuso su interés en el caso y la necesidad de respetar la inmunidad soberana de los bienes de los Estados, tanto dentro de su territorio como en el exterior. Según detalló Maril, el escrito –presentado como ‘amicus curiae’– se apoya en seis argumentos centrales:
- Interés sustancial de EE.UU.: la apelación involucra cuestiones de política exterior, relaciones internacionales y la correcta interpretación del derecho consuetudinario y estatutario federal.
- Apoyo a la suspensión: el gobierno se suma como amicus para respaldar la solicitud de suspensión de Argentina, garantizando un proceso ordenado antes de resolver sobre el fondo.
- Inmunidad de bienes estatales (FSIA): los activos de Estados extranjeros gozan de inmunidad absoluta frente a embargos o ejecuciones.
- Límites de la ley estadounidense: no hay evidencia de que el Congreso haya querido eliminar la inmunidad de bienes situados fuera de EE.UU. al definir excepciones al FSIA.
- Riesgo de daño irreparable: sin suspensión, Argentina podría perder de forma permanente el control de YPF si transfiere las acciones a los acreedores, incluso si gana la apelación.
- Sin perjuicio para los demandantes: Argentina sigue siendo dueña de sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa, por lo que una suspensión no afectaría a los acreedores.
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Cómo reaccionó el gobierno de Milei
«No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado», afirmaron desde el Gobierno, tras conocer el apoyo. «Basta recordar que en 2019, durante las presidencias de (Mauricio) Macri y Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitó al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad de jurisdicción invocada por Argentina. En esa ocasión, el gobierno estadounidense se presentó como amicus curiae y emitió un dictamen contrario a nuestro país», recordaron.
En este marco, fuentes gubernamentales aseguran que ahora «la situación cambió» y subrayaron que el gobierno de Javier Milei «logró que, en menos de un año, y bajo dos administraciones diferentes (Biden y Trump), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoye la posición argentina en esta causa».
En la Casa Rosada sostuvieron que «se trata de un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara, orientada a la defensa del interés nacional, y que también demuestra la seriedad de las presentaciones y la solidez de los argumentos jurídicos presentados por el Estado argentino».
La causa judicial por la expropiación de YPF
