Un fiscal de menores apeló este miércoles el fallo de la jueza Marta Pascual, que suspendió la nueva Ley Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires, la normativa que establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 años y el momento previo a cumplir los 18 que sean imputados por delitos.
Se trata de Hernán Ceruti, titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, quien ante el Ministerio Público advirtió que «la decisión ocasiona un gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad en tanto, mediante una acción de hábeas corpus, se dispone la suspensión general de una ley nacional regularmente sancionada, promulgada y entrada en vigencia, sin que se haya acreditado la existencia de un acto u omisión concreto, ilegal o arbitrario, que produzca una afectación actual o inminente de la libertad personal de los adolescentes comprendidos en la acción».
El Fiscal Hernán Cerutti apeló la resolución de la jueza Marta Pascual. 👏👏👏
El Fiscal sostuvo los mismos fundamentos de nuestra impugnación: la jueza no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes. pic.twitter.com/E5YZ5aVjew— Usina de Justicia (@UsinadeJusticia) September 9, 2026
En su presentación, Ceruti agregó: «Además entiendo humildemente que la decisión tomada por la Sra. Juez se extralimita, avasallando la labor propia de otro de los poderes del Estado, afectando así esencialmente la división de poderes y la forma Republicana de Gobierno».
Este recurso se suma a la denuncia penal que la ONG Usina de Justicia presentó en las últimas horas contra la misma magistrada por idéntico motivo. La entidad realizó dos presentaciones judiciales ante la decisión que suspendió preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. La decisión de la jueza no derogó ni anuló la Ley 27.801 que entró en vigencia esta semana, sino que dispuso temporalmente que no sea aplicada.
Además, la ONG solicitó intervenir como amicus curiae en el habeas corpus que dio origen a la medida y, en una actuación separada, formuló una denuncia penal contra Pascual por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. Esa figura le permite a la ONG, que no es parte directa del juicio, acercar al tribunal argumentos, que podrían ser tenidos en cuenta o no al momento de la decisión judicial.