Un cambio de fuero podría definir el destino de la investigación contra Manuel Adorni, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita concluyera que no existen elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py. Al considerar que las pruebas reunidas no acreditan un incremento patrimonial indebido durante su paso por la gestión pública, la fiscalía solicitó que el caso pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si existió una posible maniobra de evasión tributaria.
La causa se concentraba en justificar el origen de los fondos utilizados para comprar una casa en el club de campo Indio Cuá y un departamento en el barrio porteño de Caballito. Ante los requerimientos judiciales, la defensa del exfuncionario argumentó que esas adquisiciones se realizaron con ganancias generadas a partir de ahorros en Bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018.
De acuerdo con la explicación brindada en el expediente, las compras de criptomonedas se hicieron de forma presencial y personal con distintos vendedores en operaciones en efectivo. En total, se destinaron unos 200.000 dólares distribuidos en ocho billeteras virtuales que, tras su liquidación años después, alcanzaron una suma de 591.544,61 dólares.
Adorni: no hay sobreseimiento en la causa. Si, hay pedido de pase a otro fuero (penal económico) para investigar infracción al régimen penal tributario. El fiscal también pide que se abra causa al contratista Tabar. Todo posible evasión o infracción tributaria. pic.twitter.com/R2ssQbyLEP
— Vanesa Petrillo (@Vanepetrillo) November 6, 2026
El fiscal analizó las direcciones de las billeteras digitales y revisó los registros patrimoniales del imputado desde sus 18 años de edad, tras lo cual remarcó que no hay pruebas suficientes para desacreditar la versión presentada por la defensa. Bajo este criterio, la acusación por irregularidades cometidas en la función pública perdió sustento al no comprobarse incongruencias directas en su patrimonio durante su desempeño en el Estado.
El planteo del Ministerio Público no significa un sobreseimiento, sino un pedido para que la Justicia Federal decline su competencia territorial y material. La resolución final dependerá del juez Ariel Lijo, quien deberá resolver si hace lugar al dictamen fiscal y envía las actuaciones al fuero Penal Económico para que se avance exclusivamente sobre el frente impositivo.