El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 decidió hoy prorrogar por un año más la prisión preventiva que pesa sobre el empresario detenido Lázaro Báez que mañana cumplirá dos años en esa condición, informaron fuentes judiciales.
El TOF 4 tomó la decisión en el marco de la causa por lavado de dinero contra el empresario, en la que hay 25 imputados. Los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iníguez consideraron que la libertad de Báez podría entorpecer la realización del juicio oral y público en su contra que, según estimaron, se iniciará en el segundo semestre de este año.
«La naturaleza del hecho que se le imputa a Lázaro Antonio Báez reviste gravedad, como se aprecia a poco que se examine la escala penal en abstracto», sostuvieron los magistrados al emitir e fallo que fue en la misma dirección que había sugerido ayer el fiscal Abel Córdoba, quien había remarcado que Báez conserva vínculos con personas influyentes en Argentina y en el extranjero y que la maniobra de lavado de dinero por la que se lo investiga está vinculada a supuestos hechos de «corrupción estatal».
«Teniendo en cuenta la amenaza de pena en expectativa y que se mantienen los riesgos procesales del peligro de fuga
y de entorpecimiento de la investigación, entendemos que el lapso por el cual se prorrogará la detención del encartado
Lázaro Báez resulta razonable en relación a los hechos que se le imputan», sostuvieron los jueces.
Los jueces del TOF 4 también remarcaron que se encuentra acreditado el «acceso (de Báez) por diferentes vías para salir del país, los vínculos que lograra con altos funcionarios públicos y la influencia que ejerciera sobre determinadas personas», por lo que decidieron dejarlo preso en el penal de Ezeiza.
Báez se encuentra detenido de manera preventiva en el penal de Ezeiza desde el 5 de abril de de 2016, cuando abordó un avión en Río Gallegos y aterrizó en San Fernando, por orden del juez federal Sebastián Casanello.
La causa contra Báez por lavado de dinero llegó este año a la etapa de juicio oral y público, y en el proceso serán acusado también los cuatro hijos del empresario, el financista Federico Elaskar, el valijero mediático Leonardo Fariña, Fabián Rossi y otros imputados entre los que están el abogado de confianza de Báez, Jorge Chueco, y su contador Daniel Pérez Gadín, ambos detenidos.
En la causa se investiga al empresario Lázaro Báez, a su familia, a sus asociados y a funcionarios públicos por la presunta comisión de maniobras de lavado de activos con fondos desviados del erario público, a través de la financiera SGI (conocida como «La Rosadita»), sociedades offshore en Panamá y otros paraísos fiscales y cuentas en Suiza.