El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue procesado este lunes por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El dirigente está acusado de desviar fondos millonarios recibidos del Plan Potenciar Trabajo. En ese sentido, el juez remarcó que hay pruebas suficientes como la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma. El fallo, según publica el diario Clarín, incluye también el procesamiento de otras 17 personas.
En esta etapa de la investigación, se comprobó una maniobra defraudatoria a través del desvío de fondos públicos que, tras la firma de diversos convenios, el Estado nacional remitía a la Asociación Civil Polo Obrero y a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor.
Los convenios –celebrados con el extinto ministerio de Desarrollo Social– estaban destinados a garantizar el dinero correspondiente al Programa Potenciar Trabajo en favor de los beneficiarios finales.
Esos documentos colocaban a las organizaciones sociales como intermediarias y en el juzgado estiman que manejaron fondos millonarios “de forma infiel”.
El juzgado indicó que entre junio de 2020 y diciembre de 2022 se suscribieron cinco convenios con la Secretaría de Economía Social. Previo a ello, pidieron constituirse como Unidades de Gestión, es decir «intermediarios». Una vez que completaron ese trámite, manejaron 361 millones de pesos en concepto de subsidio institucional.
El juez federal determinó que el dinero que no respondía a los gastos volcados en las facturas “truchas”, se habría utilizado para sostener y financiar la actividad partidaria del Polo Obrero.
El Polo Obrero -sostiene el procesamiento- firmó tres acuerdos en junio de 2020, 2021 y 2022 y los subsidios se concretaron en cuatro pagos a través de transferencias bancarias. La primera fue de 75 millones de pesos, la segunda de 37,5 millones de pesos, le siguió otra -ya en 2022- de 36,2 millones y en enero de 2023, un último pago de 37,5 millones de pesos.
La Cooperativa de Trabajo El Resplandor firmó dos acuerdos en junio de 2021 y diciembre de 2022. Fueron tres los desembolsos que se hicieron a favor de dicha organización: dos de 37,5 millones de pesos y el último en enero de 2023, por 99.900.000 pesos.
El juzgado de Casanello detectó irregularidades en la rendición de ese dinero, que los responsables de las organizaciones sociales debían presentar ante la entonces Secretaría de Economía Social.
También apuntan contra Emilio Pérsico
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió indagar al exfuncionario de Desarrollo Social y líder piquetero Emilio Pérsico, al acusarlo de corrupción por actuar en supuesta connivencia con Belliboni, para otorgarle subsidios a sus cooperativas por más de 572 millones de pesos entre 2020 y 2022, a pesar de que no se cumplían con los requisitos administrativos para otorgarlos, no se controlaba su utilización ni se rendían cuentas de su ejecución.
El pedido del fiscal al juez federal Sebastián Casanello es un segundo capítulo de la causa donde el juez ya indagó a Belliboni y a dos decenas de piqueteros, acusados por el supuesto desvío de fondos de esos subsidios para el financiamiento político del Partido Obrero. Ahora, el fiscal Pollicita dijo que el Polo Obrero no intentó engañar al Ministerio de Desarrollo Social, que otorgaba los subsidios, sino que actuaba en complicidad con Pérsico, que era secretario de Economía Social de esa cartera durante el gobierno de Alberto Fernández.
Por eso es que, además, requirió indagar a Pérsico y a exfuncionarios de su cartera: Pablo Ariel País, Walter Alejandro Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Juan Migone, Mariana Noelí Fernández y Ernesto Vicente Paillalef. Asimismo, pidió que se cite nuevamente a prestar declaración indagatoria a Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Elizabeth del Carmen Palma, Iván Ortiz, María Isolda Dotti, Erika Lubenfeld y Ezequiel Coego.