Luego de unas cinco horas de debate, el Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ser jueces de la Corte Suprema de Justicia. Legisladores del kirchnerismo, el PRO y la UCR lograron bloquear las designaciones que Javier Milei había propuesto para el máximo tribunal. Ahora deberá resolver las designaciones el juez Ramos Padilla, a cargo de la causa que busca la inconstitucionalidad de sus nombramientos en comisión.

En tanto, las postulaciones de los dos candidatos del Ejecutivo a la Corte no lograron los dos tercios de los presentes: García Mansilla recibió 51 votos en contra y 20 a favor, mientras que el juez federal Lijo tuvo 43 negativos, 27 adhesiones y una abstención.

Tras conocerse la decisión, el Gobierno repudió la resolución decisión de la Cámara alta y sentenció: “Es evidente la politización de la Justicia”.

En tanto, no todo está resuelto para el caso del académico Manuel García-Mansilla, ya que ya había jurado “en comisión” tras un decreto del Ejecutivo. Esta cuestión abrirá un debate sobre su estadía en el máximo tribunal de justicia, luego de la votación de este jueves en el Senado.

El 20 de marzo del año pasado, el Ejecutivo anunció que Lijo y García-Mansilla eran los elegidos para cubrir las vacantes de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y envió sus pliegos al Senado el 27 de mayo.

Sin haber logrado apoyo legislativo, el pasado 26 de febrero el presidente Javier Milei decidió designar por decreto a ambos. Sin embargo, solo asumió García-Mansilla, ya que Lijo no pudo tomar su cargo porque el máximo tribunal rechazó su licencia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4.

En tanto, viendo que en el Senado se caería su ingreso a la Corte Suprema, días atrás García-Mansilla envió un escrito al juez Alejo Ramos Padilla, quien debe resolver la causa que busca la inconstitucionalidad de los nombramientos en comisión. El magistrado afirmó que su puesto en la Corte “goza de la garantía constitucional de inamovilidad en el cargo mientras dure su nombramiento, por lo que el único juez natural que podría eventualmente removerlo de su cargo, mediante juicio político, es el Congreso de la Nación”. Y consignó: “Un juez no puede remover a otro juez”.

 

El debate 

La primera en abrir el debate fue la presidenta de Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, que estuvo a cargo del proceso, y quien fuera una de las que motorizó la sesión de esta tarde en la Cámara alta.

Para argumentar su posición negativa, hizo énfasis en la falta de mujeres en la Corte: «Yo no creo una corte suprema sin mujeres. Ni en ningún espacio de representación sin mujeres sentadas ahí».

«Borrarnos de ahí es negar nuestro aporte y voz. La Argentina es el único país de América Latina no tiene mujeres en la Corte Suprema», agregó Tagliaferri que, además, resaltó que lo que terminó de sellar su postura fue el nombramiento por decreto.

A su turno, Lousteau expuso por largos minutos una serie de argumentos desde la perspectiva histórica de los nombramientos en comisión hasta los objetivos que, a su criterio, Milei tenía con el decreto.

«Acá se está votando por el mecanismo de designación. Si debería ser mujer o no son excusas. Ningún candidato podría ser juez de la Corte si acepta ser designado en comisión», explicó Lousteau.

Consideró también que Milei «pretende que haya jueces en período de prueba» y agregó: «Se hace lo que el gobierno quiere continua o si no los puede cambiar por otro juez con otro decreto». Y se preguntó: «¿Alguien puede decir que esto configura una corte suprema independiente?»

El senador Juan Carlos Romero, de Las Provincias Unidas, denunció un «bloqueo institucional» contra la administración de Milei, pero se quejó del «estilo confrontativo» del Gobierno.

Romero indicó, a modo de chicana al resto de los opositores, que aunque el Papa Francisco hiciera de «mediador», de todos modos votarían en contra de las propuestas del Ejecutivo.

De Angeli, jefe de la bancada PRO en el Senado, se quejó fuertemente contra las postulaciones de Milei y dijo: «El presidente eligió este camino porque claramente está mal asesorado. Los países donde no hay justicia flaquea la democracia».

Mientras que Vischi, que se había mostrado afín al Gobierno desde diciembre del 2023, criticó en duros términos al Poder Ejecutivo y sorprendió hasta propios y extraños con su exposición.

«Si yo, Poder Ejecutivo, sé que para lograr el acuerdo necesito dos tercios y tengo que dialogar y resolver esa situación, como mínimo, se me viene a la cabeza que lo primero que tengo que hacer es hacerlo antes de enviar los pliegos», argumentó.

Hasta citó al fallecido expresidente Raúl Alfonsín, uno de los blancos preferidos de Milei, y finalizó su discurso con la certeza de que en la Argentina «tiene que ganar la confianza» porque, especificó, «las instituciones deben ser un pilar para el crecimiento».

El cierre por parte del kirchnerismo lo tuvo el formoseño José Mayans, quien consideró que García-Mansilla «está usurpando el cargo» en la Corte Suprema y que «no es legítimo».

Mayans apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había asegurado que García-Mansilla seguirá hasta noviembre: «Le importa tres carajo lo que diga el Senado», reprochó. Y le envió una dura advertencia al cortesano: «Más vale que pida la renuncia».

Resaltó, al igual que Lousteau, que los jueces nombrados en comisión no tienen independencia.

La ronda de debate, que se estiró por más de cuatro horas, fue concluida por el libertario de La Rioja Juan Carlos Pagotto.

 

Repudio del Gobierno

El Gobierno nacional, en tanto, a poco de conocerse el resultado de la votación en el Senado contra la designación de los jueces de la Corte propuestos por el Ejecutivo, emitió un comunicado repudiando la decisión y señalando el peligro que representa para la democracia la “politización de la Justicia”.

“Luego de dilatar la votación durante meses, (los senadores) optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”, expresó el documento.

“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”, añadió la publicación. Y cerró: “El Presidente de la Nación seguirá trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restauirar la confianza del puebo en las instituciones, utilizando todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos”.

 

Ramos Padilla le prohibió a García-Mansilla dictar sentencias mientras sea juez en comisión

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla le ordenó a Manuel García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales mientras mantenga su cargo como juez en comisión designado por el Poder Ejecutivo Nacional.

La medida, de cumplimiento obligatorio, fue adoptada a través de una resolución firmada este miércoles, en el marco de una presentación realizada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ambos impugnaron la designación de García-Mansilla en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°2, por entender que vulnera la independencia judicial.

Según publica la Agencia Noticias Argentinas, Ramos Padilla entendió que el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional impide que un juez designado en comisión ejerza funciones jurisdiccionales, en tanto no haya recibido acuerdo del Senado.

“La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, expresó el magistrado platense, y recordó que esa es una “condición esencial para la validez del nombramiento” y que, en su defecto, “no puede válidamente ejercer la función jurisdiccional”.

En su fallo, Ramos Padilla advirtió que la situación de García-Mansilla “compromete gravemente el cumplimiento de los estándares constitucionales e internacionales de independencia e imparcialidad judicial”.

García-Mansilla había sido designado como juez en comisión por el presidente Javier Milei el 22 de enero, en medio de una serie de nombramientos que también generaron cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito judicial.