La Fiscalía de Estado de la Provincia y la UFI 11 de La Plata pidieron ayer la inhibición de bienes contra el ex titular de IOMA durante el gobierno de Daniel Scioli, Antonio La Scaleia, y de otros diez ex funcionarios de la obra social estatal por presuntas estafas, entre los que se encuentran Jorge Pumo, ex director de Recursos Humanos de IOMA y Gustavo Seva, representante en el directorio del gremio de Municipales y Nicolás Vitale.
La causa investiga supuestas maniobras de estafas y quedó a cargo de la jueza Marcela Garmendia. Se pidió que la inhibición cubra los 650 millones de pesos y que los once imputados no salgan del país, ya que están procesados por fraude y asociación ilícita, lo que habría causado al Estado provincial un perjuicio económico por esa misma cantidad de dinero, a través de la tramitación de internaciones domiciliarias y otras maniobras dentro del IOMA.
La investigación se originó en la UIF 11 a partir de una denuncia de la diputada Elisa Carrió, lo que derivó en el procesamiento de los ex funcionarios luego de que el fiscal Alvaro Garganta firmara el año pasado el «auto de procesamiento». Allí indicó que “existen indicios vehementes de que entre mediados de 2013 y fines de 2015 por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y empresarios que conducían un grupo de firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo”.
Las presuntas estafas se dieron en el marco de la gestión de Antonio La Scaleia, quien estuvo al frente de IOMA entre 2010 y 2015, año en el que finalizó el mandato de Daniel Scioli. Según Garganta, los procesados “integraron una compleja estructura delictual destinada a la comisión de los variados ilícitos referidos, habiéndose valido del cargo que ostentaban y actividad que desempeñaban dentro del IOMA”.
Además, el fiscal sostiene que desde la obra social llevaron adelante un sistema «destinado al favorecimiento económico de ciertas empresas encargadas del servicio de internaciones domiciliarias hacia las cuales se direccionaba la prestación, para luego asegurarles un circuito preferencial en la tramitación de sus expedientes, lo que implicaba el posterior apartamiento de dinero público en beneficio de las mismas”. “En este contexto de quebrantamiento del normal desenvolvimiento de la actividad patrimonial de IOMA, y sabiendo que las empresas justificaban la prestación del servicio de internación domiciliaria mediante planillas apócrifas de ‘conformidad y consentimiento’ de los afiliados que no reflejaban el verdadero servicio prestado, las abonaron en su totalidad”, afirma el fiscal Garganta en la citación indagatoria.
En los tribunales se investigan otras maniobras además de la antes mencionada. Una de ellas tiene que ver con denuncias por presuntas estafas en la cobertura de medicamentos oncológicos que eran pasados y luego vendidos en farmacias, otra está relacionada a la cobertura de prótesis que no eran entregadas a los pacientes, entre otras.