El juez federal Sebastián Casanello procesó ayer a ex funcionarios de AYSA y a empresarios que ganaron licitaciones de grandes obras supuestamente direccionadas. Entre los principales procesados se encuentra el ex presidente de Aysa Carlos Ben; el empresario Benito Roggio y el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, según indicaron fuentes judiciales.
Los procesamientos fueron dictados en el marco de la causa en la que se investiga el direccionamiento de las licitaciones para las construcción de la planta potabilizadora «Paraná de las Palmas», en Tigre, y la planta depuradora del «Bicentenario», en Berazategui. El juez consideró que los principales directivos de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A., que es en un 90 por ciento del Estado, fueron los responsables de la maniobra.
Asimismo, consideran que el manejo implicó un fraude contra las arcas del Estado y que los empresarios fueron partícipes necesarios de los delitos cometidos. La licitación para realizar la planta Paraná de las Palmas fue ganada por una unión transitoria de empresas (UTE), conformada por la brasileña Odebrecht y por Benito Roggio e Hijos, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
Los procesamientos fueron dictados
en la causa que investiga las licitaciones
para las construcción de la planta potabilizadora
«Paraná de las Palmas».
La licitación de la obra del Bicentenario fue ganada por la firma brasileña Camargo Correa, que conformó una UTE con la argentina Esuco SA, cuyos directivos también fueron procesados. La lista total de procesados incluye a 19 personas entre las que también están los empresarios Tito Biagini (de Cartellone), Sergio Chividini (Camargo Correa) y Lucas Cesa (Supercemento), y los ex directores de AYSA Raúl Biancuzzo, Carlos Donnoli y Antonio Caucino (Obra).
Para el juez Casanello, las licitaciones fueron direccionadas en favor de las dos UTE que ya estaban seleccionadas desde antes de la adjudicación de las obras, y se desnaturalizó el proceso de selección que tiene por objetivo elevar los niveles de transparencia y conseguir mejores precios. «No había una competencia auténtica en las licitaciones”, indicó una fuente con acceso al expediente.
Y agregó: “La empresa que competía contra las que finalmente ganaron siempre terminaba por proponer precios más altos a los fijados por el Estado para la licitación”. En la investigación se determinó también que el Estado realizó concesiones a las empresas que terminaron por perjudicar las arcas públicas: llamativamente los presupuestos y los plazos de las obras se duplicaron.
En el mismo fallo de 198 páginas, Casanello les trabó embargos millonarios a los empresarios y llamó a indagatoria al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido; a su ex secretario de Coordinación, Roberto Baratta; y al ex secretario de Obra Pública José López. El magistrado también citó a indagatoria al empresario Jorge «Corcho» Rodríguez, sindicado en la causa como intermediario de los sobornos.
En ese sentido, el actual marido de la conductora Verónica Lozano reconoció haber pagado a Odebrecht en Argentina para acceder a distintos contratos de obra pública. La citación al «corcho» Rodríguez había sido reclamada por la Oficina Anticorrupción y el fiscal federal Federico Delgado luego de que la justicia uruguaya confirmara que la firma Sabrimol, vinculada al empresario, había recibido transferencias de cuentas que utilizaba Odebrecht.
Casanello también citó a indagatoria a los empresarios brasileños Marcelo Odebrecht y Antonio Marques (Camargo Correa), aunque la expectativa de que declaren en el expediente es baja. Odebrecht fue quien confirmó, en el marco de la megacausa de corrupción brasileña conocida como Lava Jato, que su empresa había pagados coimas en distintas partes del mundo.