A más de un año y medio de que comenzara la investigación, el juez de Control, Juan Manuel Fernández López, confirmó este jueves que irán a juicio los once imputados en la causa por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba.
En una misma resolución, ratificó la medida contra diez exfuncionarios, tanto del centro de salud como del ministerio, acusados de encubrir, falsear pruebas o no denunciar el caso ante las autoridades.
La enfermera Brenda Agüero fue considerada como la supuesta autora de “homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado” en cinco casos y acusada de “homicidio calificado por procedimiento insidioso en grado de tentativa” en otros ocho casos. En total, se la juzgará por su participación en 13 casos dentro del nosocomio.
El juez de Control rechazó todas las apelaciones y confirmó un único proceso para todos los imputados. Será un juicio por jurados.
El juicio no solo tendrá como objetivo dilucidar lo que pasó dentro del nosocomio sino también demostrar las responsabilidades administrativas. En este caso, el fiscal Garzón apunto a lo más alto del escalafón administrativo llevando a Diego Cardozo al banquillo. El ex ministros deberá dar explicaciones, como así gran parte de la cúpula del Neonatal.
En la resolución de 1065 páginas, el juez Fernández López tiene la particularidad que comienza en su conclusión rechazando todos los planteos de las defensas de los acusados y confirma en su totalidad la acusación del fiscal de instrucción Raúl Garzón.
Para el juez de control, el motivo de todos los hechos fueron producto de las “fallas en los controles internos de un esquema institucional, traducida en imputaciones a los funcionarios, permitió una profusa reiteración homicida (cinco resultados mortales y otros ocho intentos fallidos) que, como contrapartida, nos permite hoy contar con un plexo probatorio indiciario de carácter contundentemente unívoco”.
Este “accionar permisivo y poco expeditivo”, le habría permitido según interpreta magistrado, “la continuidad del accionar homicida, mientras ya se barajaba una sospecha concreta, quizás en el afán de avanzar en una investigación interna que, ingenuamente, los funcionarios aquí traídos a proceso entendieron que, por su eventual completitud y contundencia, podría no sólo relevarlos de responsabilidad funcional y penal, sino incluso mostrarlos como profesionales rectos y eficientes”.
Todos los responsables dentro del Neonatal
Además de Agüero, fueron penalmente responsables toda casi la totalidad de la cúpula del Neonatal. La directora del Neonatal, Elizabeth Liliana Asís, fue acusada como coautora de omisión de deberes de funcionario público, junto a la exsubdirectora y jefa de la Brenda, la licenciada en Enfermería Alicia Beatriz Ariza. En el caso de la responsable del centro médico, se le agrega la imputación de “encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho”.
Claudia Ringelheim, la exsubdirectora médica del Neonatal está sindicada por omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. Al igual que Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología del Neonatal, a quien se le atribuye “falsedad ideológica”.
Otra de las médicas del nosocomio es Adriana Moralez, que se le atribuye omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. Como así también María Alejandra Luján, médica del Neonatal. Se le atribuye omisión de deberes de funcionaria pública y falsedad ideológica.
El exsubdirector administrativo Alejando Escudero Salama, se lo acusa en esta causa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. Pero deberá concurrir a Tribunales para dar explicaciones por la reunión secreta con el fiscal Guillermo González y el jefe de la morgue judicial Moisés David Dib que está bajo análisis del fiscal de Cámara Julio Leiva.
Cardozo, a la cabeza de los funcionarios con acusaciones
A Diego Cardozo, ministro de Salud durante la gestión del gobernador Juan Schiaretti, se le atribuye omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. La condena que puede llegar a recibir es de hasta 50 años.
Fernández López explica que el exministro tuvo un rol pasivo y no respetó los protocolos dentro de su cartera para “dar intervención a la Justicia frente a eventuales acontecimientos delictivos que ameritaban investigación. En cada uno de tales sucesos tuvo intervención Gauto, precisamente por ser el representante máximo del área que nuclea las diferentes direcciones de legal y técnica sobre las que pesa la obligación de hacer operativas tales directivas ministeriales”.
Una vez confirmada su elevación, resta definir qué Cámara del Crimen llevará adelante el debate. Ante esta situación, las familias de las víctimas son optimistas y esperan que el inicio del juicio sea después de julio.
Alejando Gauto, el exdirector de Legales del Ministerio de Salud está en involucrado por omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
Al exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, el fiscal lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
Estos funcionarios provinciales difieren de su accionar, según el juez Fernández. Al parecer, el exministro “Cardozo asegura que consultó a Caravaja, en varias oportunidades, sobre la denuncia penal” y por el otro, el exsecretario desconociendo dicho dato “exponiendo la presunta mendaz declaración efectuada por su compañero de causa”. Y reproduce parte de las declaraciones, que eran desconocidas hasta aquí: “El doctor Cardozo refiere que me dice a mí y al doctor Gauto que hagamos una denuncia penal, lo cual no es cierto; a mí nunca me dice ‘hacé una denuncia por la muerte del Neonatal’”, declara Carvajal.
Al margen de las contradicciones, el reproche central a los funcionarios es no haber dado participación a la Justicia desde el momento en que se registró que había algo extraño en las muertes y se sospechó, en primera instancia, de la vitamina K. Ahora, los acusados podrán apelar a la Cámara de Acusación. En caso que nadie utilice esa instancia, el juicio oral y público podría realizarse en la segunda mitad de este año.