El presidente Javier Milei ordenó a los ministros de las 9 carteras disponer una reducción del 2 % de los gastos corrientes y del 20 % los de capital. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, transmitió la disposición durante la reunión que tuvo lugar el pasado lunes en Casa Rosada, aunque recién se confirmó hoy.
La decisión alcanza a los ministerios de Salud, Interior, Desregulación y Transformación del Estado, Economía, Seguridad, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Capital Humano. El plazo establecido para concretar los achiques es el jueves 30 de abril. La Casa Rosada busca asegurarse de que el superávit no corra riesgo, mientras mira la exigente meta fiscal pactada con el FMI.
El día previo, Adorni deberá hacer frente a su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde recibió más de 4500 preguntas de los bloques opositores.
Luego de la filtración de la compra de propiedades y la polémica por sus viajes, en Balcarce 50 debatieron la necesidad de que Adorni se muestre activo en la dinámica de gestión para intentar correr de agenda la causa que suma nuevos testimonios a diario.
🔴 INFORMACIÓN URGENTE
El Ministro de Economía, Luis Caputo, le acaba de pedir a todos los ministerios que ajusten sus presupuestos un 20%.
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— Luis Majul (@majulluis) April 12, 2026
En la administración libertaria niegan que la solicitud a las carteras afecte la dinámica y el funcionamiento de las mismas, y aseguran que cada uno de los ministros deberá establecer prioridades. Además, remarcan que los números pedidos son “mínimos”.
Los datos acumulados hasta marzo, de acuerdo a información oficial que procesó la consultora Analytica, mostraban una poda del gasto de 3,3% en rubros presupuestarios decisivos como obra pública, transferencias a provincias y salarios de la administración pública.
El deterioro persistente de los ingresos tributarios —que ya suma ocho meses consecutivos hasta marzo— llevó a la Casa Rosada a avanzar con una nueva ronda de recortes del gasto.
El año, además, está atravesado por otros dos factores. Por un lado, una serie de proyectos de ley que podrían implicar mayores erogaciones (como la iniciativa opositora de financiamiento universitario) o bien afectar la recaudación, como en el caso de la reforma laboral. Por otro, el cumplimiento de una exigente meta acordada con el FMI.