La comunidad educativa junto a organizaciones políticas, sociales y gremiales protagonizaron hoy una masiva jornada de protesta contra el desfinanciamiento de las universidades nacionales, que tuvo su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires pero alto impacto en muchos puntos del resto del país.
La Marcha Federal Universitaria –tal el nombre formal de la convocatorio- arrancó 15:30 de la Plaza de los dos Congresos y desembocó en la Plaza de Mayo: fue una multitud que desabordó las veredas y, como se esperaba, volvió impracticable la amenaza de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de aplicar el protocolo anti piquetes.
Desde un escenario montado frente al Cabildo, la presidenta de la Federación Universitaria, Piera Fernández De Piccoli, leyó un documento respaldado por todas las universidades en la que se afirma que la educación superior pública “atraviesa un período crítico como consecuencia de la política implementada por el gobierno nacional”. Las universidades “han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento. Mantener los edificios, sostener las becas, comedores, laboratorios, servicios básicos, todo fue congelado a valores de septiembre de 2023″, indicaron.
Los primeros en hablar fueron dos referentes del movimiento de Derechos Humanos, Taty Almeida, de Madres de Plaza de May Línea Fundadora y Adolfo Pérez Esquivel, del Serpaj. En dos breves intervenciones respaldaron la lucha de los universitarios y apuntaron contra Milei, al que le reclamaron escuchar los pedidos y devolver el financiamiento pleno a las universidades.
Ese fue el foco del conflicto: la administración de Javier Milei canceló el presupuesto 2023 e incluyó en esa medida las partidas para las Universidades, que se ven así afectadas en su poder de compra por la inflación. Luego anunció un aumento en las partidas para gastos de funcionamiento en dos tramos de 70% cada uno. Pero solo uno de ellos fue pagado hasta ahora y además se trata de una porción muy baja de los gastos totales, de entre el 5 y el 10%. No incluye por caso a lo salarios docentes y no docentes.
Sobre esas gradas había decanos de varias universidades nacionales y una joven con la remera de La Cámpora que es Melisa Escandar, la Presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad de Tres de Febrero, una de las casas de Altos Estudios del Conurbano, área en la que se multiplicó la creación de Universidades durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
Los números sobre la participación difieren, como suele ocurrir, según las fuentes. Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, habló de “800.000 personas en esta plaza”, por la Plaza de Mayo y alrededores. Otras fuentes ligadas a la organización mencionaron que esa cifra corresponde a la gente que participó alguna instancia de la protesta durante todo el día y otras dijeron que fueron cerca de 500 mil. Para todo el país hablaban de un millón de asistentes. Desde el operativo de Seguridad, a cargo de los gobiernos nacional y porteños mencionaron un piso de 150.000 personas.
Lo cierto es que la presencia en las calles fue masiva e incluyó a gremios docentes de diversas vertientes, a partidos y dirigente políticos como el gobernador Axel Kicillof, que estuvo acopmpado por ministros como Carlos Bianco (Gobierno); Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad); Julio Alak (Justicia) y Aberto Sileoni (Educación). También se hicieron presentes el senador y presidente de la UCR Martín Lousteau, junto a otros referentes de ese partido como Facundo Manes, Maximiliano Abad, Federico Storani y el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti.
Sergio Massa aprovechó para protagonizar su primera presencia pública desde la derrota en el balotaje, ya que hasta ahora solo había estado en reuniones partidarias o actos cerrados. Dijo que fue a acompañar a su hija, que estudia en la Universidad General San Martín (USAM). También estuvo Malena Galmarini, su esposa y extitular de AYSA. Por el lado de La Cámpora no estuvo Máximo Kirchner, pero sí varios de sus referentes importantes.
Se lo vio a Eduardo “Wado De Pedro”, además de Daniela Vilar y Florencia Saintout (dos ministras de Kicillof que alternaron el campamento del gobernador con el de las universidades donde estudiaron), Lucía Cámpora (Legisladora porteña y Secretaria General de la Organización), Emanuel González Santalla (senador bonaerense), Mayra Mendoza (Intendente de Quilmes); Julián Alvarez (Intendente de Lanús) y Mariano Reclade, titular del PJ porteño.
Una de las particularidades de la marcha fue además la presencia de muhcísimos manifestantes no encuadrados en ninguna oorganización formal, ni gremial ni politica. Alumnos de las universidades, pero también docentes, exalumnos y ciudadanos en general que apoyan la educación pública gratuita.
La respuesta del Gobierno
El presidente Javier Milei se refirió esta noche a la multitudinaria marcha convocada en defensa de las universidades públicas y señaló, a través de sus redes sociales, que se trató de «Un día glorioso para el principio de revelación».
Además, el presidente ilustró su comentario con la foto de un león, sosteniendo una taza con la leyenda: «Lágrimas de zurdos».
Más temprano el vocero presidencial Manuel Adorni señaló que “está finalizada” la discusión por el financiamiento presupuestario.
El ministro del Interior, Guillermo Francos apuntó a la participación “política” en la marcha en un intento por quitarle legitimidad. Dijo, además, que “estamos todos entendiendo, salvo los que marchan hoy, que todavía no entendieron cuál es la situación del país”.
El presidente Milei, por su parte, estuvo muy activo en redes sociales, donde compartió o elogió muchos posteos contra la marcha, que hacían referencia a la presencia de políticos de la oposición.
El gobierno confirmó además que quiere auditar cómo gastan el dinero que recibe del presupuesto las universidades, aunque los decanos rechazan esa posibilidad con el argumento de que violaría la autonomía y es inconstitucional.
Desde el Concejo Interuniversitario Nacional explicaron varias veces que al ser creadas por el Congreso las universidades son auditadas por la Auditoría General de la Nación. Además, tienen sus propios controles internos.