El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a una gran movilización en defensa de la educación pública frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei. En la lectura del documento, advirtieron el deterioro del salario docente y denunciaron «un desprecio institucional sin precedentes».
«No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño», lanzaron en un duro comunicado las casas de altos estudios en el acto central que se llevó a cabo en Plaza de Mayo frente a una Casa Rosada totalmente vallada.
Ciento de miles de estudiantes, docentes, no docentes, egresados de universidades y personas que apoyan la causa se movilizaron por las calles porteñas para exigir que el Gobierno cumpla con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario que lleva más de 200 días sin aplicación.
📍Móvil desde la masiva Marcha Universitaria.
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Desde gobernadores hasta legisladores y dirigentes, desde temprano se pronunciaron a través de sus redes sociales a favor del reclamo que juntó a miles de personas en las calles del centro porteño, pero también en importantes plazas de las provincias argentinas. Muchos, además, participaron activamente y en persona de las protestas.
Las universidades advirtieron sobre el brutal ajuste del Gobierno y detallaron: «La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente». Además, apuntaron que «las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario».
En esa línea, se denunció en el documento el «deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario» que sufren los docentes universitarios y compararon que «esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina».
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Frente a un Gobierno que desoye el reclamo universitario, las organizaciones universitarios instaron a que la Corte Suprema intervenga para que se implemente la Ley: «Le pedimos que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario».
«La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública», concluyeron.
El Gobierno tildó de «marcha política opositora» a la movilización, aunque confirmó que convocará a las universidades
Pocas horas antes de la masiva movilización nacional en defensa de la educación pública, desde el seno de La Libertad Avanza (LLA) emitieron un comunicado oficial este martes en el que califican a la manifestación como “una marcha política opositora”. Sin embargo, dejaron trascender que convocarán a las universidades para iniciar nuevas negociaciones.
De esta manera, el oficialismo minimizó el reclamo de miles de estudiantes y la Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo en Plaza de Mayo, al considerar que se trata de una maniobra de “la política” que intenta “instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades”.
Sin embargo, y pese a mantenerse estoicos frente al conflicto, en Casa Rosada confirmaron a distintos medios que referentes del oficialismo convocarán a una reunión a las organizaciones universitarias en los próximos días para re encauzar las conversaciones para intentar resolver la situación.
— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) May 12, 2026
“Vamos a llamar al diálogo para encontrar un punto en común, siempre y cuando las universidades entiendan que nuestro norte es el equilibrio fiscal”, dijeron a C5N desde el oficialismo. El encuentro, que aún no tiene fecha pactada, estaría encabezado por el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, dependientes ambos del ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.
Días atrás, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dio lugar al recurso extraordinario federal interpuesto por el Poder Ejecutivo Nacional que pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la resolución del caso. La estrategia del oficialismo descansa en la posibilidad de estirar lo más posible la instancia en la que finalmente se deban hacer desembolsos de dinero con el que el gobierno dice no contar pese a un recorte significativo de los gastos estatales desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre del 2023.
En este marco, además, advirtieron que el oficialismo insistirá en tratar su propio proyecto de Financiamiento Universitario, que prevé sólo reconocer la pérdida presupuestaria del 2025, dejando sin recomposición al 2024 como prevé la ley sancionada meses atrás. Negados a dar el brazo a torcer con la política de orden fiscal, el oficialismo vetó meses atrás la que fue aprobada por mayoría en el Congreso, decisión que fue judicializada a través de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).