Los medios públicos quedaron bajo la órbita del portavoz presidencial Manuel Adorni, quien confirmó que la decisión del Gobierno de Javier Milei es avanzar con el cierre de la agencia estatal Télam.
«La Jefatura de Gabinete, que tiene a sus cargo las empresa públicas, tomó la decisión de reestructurarse de la mano de su titular, Guillermo Francos. Todas las empresas públicas van a pasar a la órbita de quien le corresponda por una cuestión de competencias. Efectivamente, Télam, contenidos, medios públicos, pasan a depender de Comunicación, área en la cual soy responsable. El plan sigue siendo exactamente el mismo: el de Télam es efectivamente su cierre«, sostuvo en el funcionario en su conferencia habitual.
El portavoz afirmó que el Gobierno está esperando la decisión que tome el Congreso de la Nación respecto de los medios públicos, en medio de la discusión de las modificaciones en el capítulo de privatizaciones de la Ley Bases.
«Nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización. Lo que estoy diciendo no es una novedad. Todo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo vamos a hacer dentro de lo que te permite la política y lo que te permite la ley. Vamos a avanzar en todo. Télam también, está en proceso. Se está desmantelando desde el dia que lo anuncié», afirmó.
Los cambios forman parte del plan que impulsa Francos para la jefatura de Gabinete desde su asunción, en el marco de un proceso de reorganización que piensa Javier Milei que involucra a todos sus funcionarios y que va a culminar con el ingreso a la Casa Rosada de Federico Sturzenegger, que será el encargado de llevar adelante la desregulación de la economía.
Para las autoridades nacionales, la Jefatura de Gabinete es una cartera que “está mal diseñada desde que se creó, a partir de la nefasta reforma de la Constitución de 1994″, según explicó un estrecho colaborador del Presidente.
Incidentes en el Congreso
Por otro lado, Adorni anticipó que el Gobierno presentó ante la Justicia una denuncia para que las organizaciones sociales que participaron de la manifestación el miércoles pasado en los alrededores del Congreso pague los costos por los daños producidos durante los incidentes.
“El costo total del operativo fue de $130.706.000 pesos. El Gobierno nacional, con el fin de cuidar los recursos de los ciudadanos, hizo su presentación ante la Justicia para intimar a las organizaciones a pagar el costo del operativo”, señaló.