El Gobierno dispuso este miércoles un aumento de hasta el 35% para los prestadores en discapacidad. La medida quedó resuelta luego de una reunión entre el Ministerio de Salud, PAMI y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y tras varias marchas, reclamos y protestas por parte de los profesionales en el Congreso de la Nación.

La suba del nomenclador, será de entre el 29,7% y el 35,4%, y se hará efectiva en tres tramos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, garantizando de esta manera que «las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025», señalaron desde la cartera de Salud en un comunicado.

El incremento abarca tanto a los profesionales y prestadores de salud que brindan servicios de internaciones, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y de rehabilitación.

Para las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y prestación de apoyo los aumentos serán de 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, acumulando un total del 34,53%. Mientras que el resto de las prestaciones tendrán una suba del 12% en octubre, 8,25% en noviembre y 7% en diciembre (29,73% total).

El incremento se estableció después de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza obtuvo un contundente triunfo sobre la oposición. Y llega con demora. El último aumento había sido del 0,5% en diciembre de 2024. El retraso provocó corte de algunos servicios, el cierre de centros de atención y la demora en el pago de prestaciones.

Por esa razón, organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad, junto a otras agrupaciones, marcharon frente al Congreso y al Ministerio de Salud para exigir un incremento en el nomenclador y que el gobierno de Javier Milei “cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y se dé una respuesta a la crisis terminal que atraviesa el sector”. La ley impone un aumento del 70% en vez del 35% concedido por las autoridades nacionales.