Los mayores partidos opositores de Venezuela decidieron no participar en las elecciones presidenciales del 22 de abril ante la falta de garantías electorales.

En tanto, el gobierno redobló la apuesta y anticipó que propondrá que en los mismos comicios sean elegidos los diputados de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), dominada por la oposición y cuyo mandato finaliza en 2020.

El vicepresidente del partido Acción Democrática, diputado Edgar Zambrano, dijo que su organización y las fuerzas Primero Justicia (liderada por Henrique Capriles, inhabilitado para ser candidato por razones poco claras) y Un Nuevo Tiempo decidieron sumarse a la postura de Voluntad Popular, la tercera fuerza opositora que dirige el encarcelado Leopoldo López, de no concurrir a los comicios.

“Necesitamos el conjunto de todas las fuerzas de la oposición y desde ese punto de vista si no está Voluntad Popular, si no está Primero Justicia, si no está Un Nuevo Tiempo, se hace muy cuesta arriba ir contra una matriz que se va a generar a favor de la no participación”, indicó el dirigente.

Primero Justicia, que es la mayor fuerza opositora, anunció que ante la negativa del gobierno de otorgar las garantías electorales -tales como auditorías, observadores internacionales, el voto de todos los venezolanos en el exterior y el respeto a los plazos electorales- decidió no participar en el proceso, que consideró como “fraudulento”.

La organización afirmó en un comunicado que apoyará la conformación de un “frente amplio” para enfrentar la “farsa electoral convocada por el gobierno de Nicolás Maduro”.

Voluntad Popular, que dirige el detenido López, ya había comunicado la semana pasada que no postularía ni respaldaría a ningún candidato porque la consulta era “un fraude electoral”.

Zambrano adelantó que la oposición centrará a partir de ahora su lucha en “defender la institución del voto en condiciones electorales de equidad, donde tenga primacía el legítimo derecho a la defensa y el respeto del árbitro”.

Ante el nuevo escenario político, Voluntad Popular planteó como opción el aumento de la “presión popular” para lograr un cambio político, mientras que Primero Justicia buscará presionar en los espacios internacionales y nacionales a favor del establecimiento de las garantías electorales, según indicó el dirigente de esa organización, diputado Jorge Millán.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el oficialismo- inhabilitó este mes a Voluntad Popular y Primero Justicia para inscribir candidatos.

La oposición rechazó la convocatoria a elecciones presidenciales para el 22 de abril que fijó el CNE alegando que la fecha no se ajusta a las regulaciones locales que establecen un plazo mínimo anticipado de seis meses para preparar el material electoral y los equipos, realizar las auditorías, entrenar a las autoridades de mesa y efectuar la campaña electoral.

Durante las negociaciones que mantuvieron por más de un mes el gobierno y la oposición en República Dominicana, la coalición opositora exigió además la designación de nuevos directivos del CNE y la presencia de observadores internacionales independientes apoyados por Naciones Unidas. Pero el diálogo fracasó ante la decisión de fijar fecha de elecciones.