El fiscal federal Ramiro González pidió el listado de los funcionarios que tenían a cargo el control de los comedores registrados en el RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios) y se trata de las primeras medidas tras una denuncia del Ministerio de Capital Humano.
La cartera que conduce Sandra Pettovello realizó una auditoría del organismo y detectó que muchos de los comedores que recibieron alimentos durante el gobierno de Alberto Fernández nunca funcionaron como tales o bien habían dejado de hacerlo hace muchos años atrás.
La denuncia apunta a funcionarios públicos a cargo de ese organismo tan controvertido, el RENACOM, por lo cual la Fiscalía pidió la lista de quienes tenían a cargo el control y también de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social que tenían a cargo la seguridad alimentaria.
El RENACOM fue creado en julio de 2020 y funcionó hasta el final del gobierno de Alberto Fernández por lo que el listado reclamado por el fiscal, abarca ese período.
Por otro lado, González citó para el próximo lunes a la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, para ratificar la denuncia que hizo dicha cartera, así como aportar documentación que reclamó y que está señalada en la presentación judicial.
También, la Fiscalía pidió la documentación de las auditorías realizadas por el citado Ministerio y qué personal efectuó las mismas a fin de escucharlos en declaración testimonial.
La Fiscalía apunta a investigar la participación de «todos los responsables» entre 2020 y 2023 en dichas áreas involucradas y ante la sospecha de falta de controles en el otorgamiento de alimentos que, según el Ministerio de Capital Humano, era de entre 12 a 14 toneladas de alimentos por mes.
La auditoría realizada por la citada cartera abarca a unos 2.600 comedores de los más de 4 mil registrados en todo el país y, de la documentación revisada, se constató que más de la mitad o bien no existieron nunca como tales o dejaron de funcionar hace muchos años.
Según la reglamentación, los comedores deben ser re validados cada dos años, algo que no habría ocurrido.
Denuncia contra piqueteros
El juez Sebastián Casanello pidió en las últimas horas el allanamiento de 27 domicilios y dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y de cooperativas. Es a raíz de la causa que comenzó en diciembre pasado cuando el Gobierno habilitó la línea 134 que permitía realizar denuncias anónimas para quienes hayan sido víctimas presiones por parte de las organizaciones sociales que según el gobierno, administraban las políticas de asistencia a los actos y piquetes.
Entre ellos se encuentran Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Polo Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha.
Una de las casas allanadas en la madrugada del lunes, fue la de María Isolda Dotti. En ella se encontraron 54.448 mil dólares y 478 mil pesos. La Policía Federal incautó ese dinero, además del teléfono celular de Dotti y un boleto de compraventa.
De acuerdo a la pesquisa, los acusados, “habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’, conformando un total de 924 casos”.