Kicillof consiguió media sanción a la ley impositiva en la Cámara de Diputados

El oficialismo, con el apoyo de la oposición, logró darle media sanción al proyecto de ley impositiva en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Luego de conseguir la aprobación, comenzaron a debatir artículo por artículo el documento que ayer por la tarde fue enviado a la Legislatura por el gobernador Axel Kicillof.

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En el comienzo de la sesión los diputados Juan Pablo De Jesús (Frente de Todos) y Santiago Nardelli (Juntos por el Cambio) mostraron su conformidad por empezar a tratar la ley después de múltiples negociaciones. Fue un gesto de cordialidad en el principio del tratamiento de un proyecto cargado de polémicas y desacuerdos.

“La gran mayoría de los bonaerenses va a tener aumentos muy por debajo de la inflación y un sector muy pequeño va a tener aumentos por encima de la inflación”, sostuvo De Jesús, en referencia al impuesto inmobiliario urbano, uno de los ítems en donde el oficialismo cedió al modificar la cantidad de propiedades que abarcaba el mayor escalón del aumento.

Nardelli, por su parte, hizo hincapié en el artículo 100, el nuevo punto de conflicto, que se trata del aumento de los ingresos brutos a los servicios portuarios. “El artículo 100 redactado como está viene grabar una sobretasa al ingreso bruto. El ingreso bruto se aplica sobre facturación, no sobre tonelada. Tenemos un problema técnico en la aplicación de este impuesto”, indicó.

Después de semanas de reproches y negociaciones entre las espadas legislativas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, Kicillof busca su revancha en medio de un clima tenso generado por los desacuerdos que hubo en la discusión parlamentaria durante los últimas días.

Kicillof esperó hasta las 15 de ayer para recibir una respuesta de la oposición con respecto a la segunda versión del proyecto de ley que le habían acercado y en el que el impuesto inmobiliario urbano -punto clave del conflicto político- abarcaba a menos cantidad de propiedades. Bajaba de 2.600.000 a 1.100.000 millones. Como la respuesta no llegó, decidió enviar esa segunda versión a la Cámara de Diputados.

La oposición plantea reparos con respecto al aumento de Ingresos Brutos para la actividad portuaria en función del peso de la mercadería -artículo 100-. En algunos casos, esa suba podría superar el 1000 por ciento. Ese es el nuevo punto de conflicto en la negociación.

Una de las zonas afectadas es la del Río Paraná. El diputado zarateño de Juntos por el Cambio Matias Ranzini planteó en medio de las negociaciones: “La carga impositiva que quiere Kiciloff para los puertos va a generar que los barcos carguen y descarguen en Rosario o Ciudad de Buenos Aires, debemos cuidar la actividad portuaria bonaerense derivada de nuestra producción y obviamente su nivel de empleo. Los sindicatos también deberían de estar preocupados”.

Durante el 2009 el gobierno de Daniel Scioli sancionó el aumento de ingresos brutos a las actividades portuarias, pero días después decidió dar marcha atrás frente al desacuerdo de los sindicatos que amenazaron con hacer un cese de tareas. En Juntos por el Cambio usan ese ejemplo para advertir que la aprobación de ese punto traerá posteriores conflictos en la implementación.

Con esa movida legislativa, Juntos por el Cambio hizo valer su mayoría en la Cámara de Senadores y le puso un freno a la decisión de Kicillof de avanzar con el tratamiento de la ley en el final del 2019. Como la discusión de la ley se cayó durante la ausencia de la ex gobernadora María Eugenia Vidal -que está de vacaciones- tanto el mandatario provincial como los dirigentes que están en su gobierno afirmaron que había internas en la coalición opositora y que se estaba librando una batalla por el liderazgo del espacio político en la provincia de Buenos Aires.

Fueron días de cruces públicos, chicanas y posturas ideológicas plasmadas en la negociación y en los medios de comunicación. El desacuerdo siempre giró alrededor del aumento del 75% al impuesto inmobiliario urbano. La oposición fue clara desde el principio y marcó que no estaba dispuesta a respaldar ese aumento. Entonces, empezaron los tironeos para llegar a un punto de acuerdo.

Las últimas negociaciones se hicieron sobre la base del proyecto que fue enviado por Kicillof a la Cámara baja. Durante la tarde noche de ayer las reuniones las integraron los mismos interlocutores. Por el lado del gobierno provincial la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin. Del lado de Juntos por el Cambio el tándem negociador estuvo integrado por el presidente del bloque de Diputados, Maximiliano Abad, y el senador bonaerense Juan Pablo Allan.

En paralelo, el diputado Walter Carusso, presidente del bloque Cambio Federal, que apadrinan el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, le presentó al Gobierno una propuesta diferente a la de Juntos por el Cambio con el fin de poder entrar en la negociación y encontrar el camino para el consenso.

Carusso le propuso a Federico Otermin agregar una escala nueva en la segmentación del impuesto y que aquellos que tienen propiedades con un valor fiscal que vaya entre 1.327.000 y 2.250.000 pesos paguen un 65% en cinco cuotas o un 55% en el caso de poder abonar en un solo pago.

De esta forma solo pagarían el 75% aquellos que tengan propiedades cuyo valor fiscal supere los 2.250.000 pesos. Para ese sector permanece el descuento del 20% en el caso de que abonen de contado y en un solo pago. Con este proyecto la cantidad de propiedades que tendrían que pagar el monto más alto se reducirían en un 60%.

Como muestra de vocación negociadora, Kicillof modificó 9 puntos del proyecto original que sirvió para acercar posiciones con la oposición.

Entre esos cambios decidió que los jubilados con haberes mínimos no paguen el impuesto inmobiliario urbano, reducir la alícuota de ingresos brutos a las actividades de los profesionales y a la venta de los comercios minoristas, extender beneficios para las pymes del sector agropecuario, descentralizar en los municipios el cobro de patentes modelos 2009, eximir del pago de tasas e impuesto inmobiliario a las asociaciones civiles y poner un techo al incremento del impuesto automotor, que no podrá ser mayor a la inflación del 2919.