El presidente Javier Milei firmó este lunes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de formalizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin requerir la aprobación de ambas cámaras del Congreso.
La medida, anunciada el jueves pasado por el Gobierno mediante un comunicado, busca obtener “de modo urgente” el respaldo parlamentario necesario para facilitar los desembolsos del organismo internacional de crédito, en un contexto de escasez de divisas y con la prioridad de combatir la inflación y eliminar el cepo cambiario.
Según lo establecido en el DNU, “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas tendrán un plazo de amortización de diez años con un período de gracia de cuatro años y seis meses”. Los fondos se destinarán a la cancelación de “las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central” y “las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo”. Se especifica que la operación incluirá el pago de intereses y cargos conforme a los plazos y tasas establecidas por el FMI, así como la devolución del capital dentro del plazo indicado.
Según el decreto, el Gobierno ha decidido “no comprometer su política económica de déficit 0”, por lo que “los fondos recibidos deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional, con el Banco Central y deudas con el FMI”. En cuanto a la decisión de emitir un DNU, la administración nacional argumentó que “la competencia que corresponde al Congreso no es la de aprobar los términos y las condiciones de un acuerdo celebrado con el FMI, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley”.
Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo acuerdo no representará un incremento en la deuda del país, ya que implicará un canje de “deuda vieja por deuda nueva”, lo que además fortalecería al Banco Central. “Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central”, comunicó la Oficina del Presidente el jueves.
Al tratarse de un DNU, bastará con que una de las dos cámaras no lo rechace para que entre en vigencia. La comisión bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el senador libertario riojano Juan Carlos Pagoto, será la encargada de revisarlo. Una vez firmado, el Gobierno tiene un plazo de diez días para enviarlo al Congreso, y la comisión contará con otros diez días para su tratamiento. Si no se alcanza un dictamen en ese período, el debate se trasladará a los recintos de Diputados y el Senado.
Lo que viene en el Congreso
A partir de la publicación en el Boletín Oficial, el DNU del acuerdo con el FMI empezará un recorrido que está definido paso a paso por la ley 26.122. Deberá ser enviado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -conocida como “Bicameral de los DNU”- en un plazo de hasta 10 días hábiles contados a partir de este lunes. Ese envío está a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Luego, la Bicameral tiene hasta 10 días hábiles más para emitir un dictamen, con la firma de 9 de sus 18 integrantes. Después de cumplido ese tiempo, ambas cámaras quedarán habilitadas para su discusión. En el Gobierno destacan que la mayoría de los DNU que firmaron Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, nunca llegaron al recinto y, sin embargo, mantienen vigencia plena, pero que en este caso buscarán un rápido tratamiento.
► La Bicameral de Trámite Legislativo.
La Bicameral de los DNU está presidida por el senador riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), su vicepresidente es el diputado Hernán Lombardi (PRO) y el senador chaqueño por el radicalismo Víctor Zimmermann (alineado con el Gobierno) es el secretario. Como vocales están los senadores oficialistas Luis Juez y Camau Espínola y los opositores Francisco Paoltroni, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González (UP); y los diputados K Vanesa Siley, Carolina Gaillard y Ramiro Gutiérrez, los oficialistas Lisandro Almirón, Francisco Monti y Oscar Zago y el crítico Nicolás Massot.
Con esa composición, el Gobierno confía en tener los votos necesarios para conseguir un rápido aval en comisión para luego ser discutido en el pleno de la Cámara de Diputados. Allí, estiman que hay un escenario menos hostil que en el Senado, donde el kirchnerismo está más cerca de llegar a los 37 voluntades, sobre 72, es decir, el regreso de la mayoría propia.