El Gobierno Nacional giró a la Cámara de Diputados los proyectos denominado «Super Riggi» y de Lobby para regular los conflictos de intereses.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el viernes pasado que se iban a girar cuatro proyectos al Congreso, de los cuales los referidos a Ludopatía y derogación de la ley de Etiquetado Frontal ya fueron enviados al Senado y ahora se suman otros dos a diputados.

Se trata del proyecto denominado «Super Rigi» que es uno  sistema de promociones fiscales para el desarrollo de grandes emprendimientos.

A diferencia de la ley vigente, el nuevo sistema busca  grandes inversiones incluirá la cadena de litio; la manufactura de baterías; el Hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL onshore; los SMR (reactores nucleares pequeños y medianos); la Producción de Paneles Solares y Turbinas Eólicas; los Vehículos 100% eléctricos; y nuevos productos petroquímicos, entre otros.

A diferencia del RIGi, el impuesto a las ganancias se reducirá al 15 %y una amortización acelerada del  60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes, y una exención de derechos de exportación.

En tanto, el proyecto para regular los «Lobby» tendrá que transparentar las gestiones que realizan las empresas o sus intermediarios antes los funcionarios y legisladores, para evitar un conflicto de intereses.

Uno de los puntos claves es la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, exigiendo declaraciones juradas sobre intereses representados y la publicidad de las agendas de funcionarios.

También fija las incompatibilidades entre ex funcionarios que deseen realizar gestiones de lobby.

Quedan incluidas las gestiones de lobby aquellas  realizadas para la elaboración, derogación, e implementación de leyes, licitaciones, concesiones, o asignación de subsidios o beneficios fiscales para alguna actividad.

 

Los puntos claves del Super-RIGI

El Super-RIGI fija un piso mínimo de inversión de US$1000 millones por iniciativa a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU) y exige ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años desde la adhesión al régimen.

El plazo para presentar proyectos será de cinco años desde la reglamentación de la ley, con posibilidad de una prórroga de un año. En tanto, la iniciativa garantiza un plazo de 30 años de estabilidad normativa en cuestiones tributarias, aduaneras, cambiarias y de seguridad social. También prevé que las controversias entre el Estado y los inversores puedan someterse a arbitraje internacional.

Entre los principales beneficios tributarios y aduaneros, el proyecto -que contiene 13 capítulos- abarca los siguientes puntos:

  • La tasa de impuesto a las ganancias será del 15%. En RIGI actual, la alícuotarebajada llega al 25%.
  • El proceso de amortización acelerada será más rápida en el Super-RIGI: 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes.
  • Brinda la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal;
  • Contempla una reducción en la carga sobre dividendos y utilidades, del 3,5% luego de cuatro años desde la adhesión al régimen. Para este punto, el RIGI establece un recorte de hasta 7%.
  • Pagarán una alícuota única del 10% en contribuciones patronales sobre los salarios de los trabajadores incorporados después de ingresar al Super-RIGI. El aporte al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) seguirá siendo obligatorio y no estará incluido dentro de esa reducción.

Con respecto a los incentivos aduaneros y cambiarios que dispone el Super-RIGI:

  • Exime de derechos de importación y exportación a bienes vinculados con el proyecto y a los productos exportados bajo el régimen.
  • Habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: 20% al primer año desde la primera exportación, 40% al segundo año y 100% al tercero.

 

Derogación de la Ley de etiquetado frontal

Entre los envíos realizados se encuentran la eliminación la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como ley de Etiquetado Frontal.

La reglamentación vigente obligaba a las marcas a incluir en sus paquetes octógonos negros para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, entre otros ítems, con el objetivo de promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades crónicas.

Los argumentos para reformar la ley sostienen que el sistema actual genera una «distorsión de la información» para el consumidor, ya que bajo estos parámetros el 85% de los productos del mercado termina con al menos un sello de advertencia. En este contexto, legisladores oficialistas y aliados ya han presentado proyectos que van incluso más allá, proponiendo la derogación total de la ley actual.

Ley de Ludopatía

El proyecto de ley ingresado tiene como objetivo «erradicar la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, así como su publicidad, promoción y difusión», además de «prohibir el acceso y uso de juegos de azar en línea a los menores de edad».

En este sentido, se buscará avanzar además en gestionar estrategias de prevención y abordaje al juego patológico «de manera coordinada y articulada con las jurisdicciones provinciales y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

El proyecto incluye también modificaciones al Código Penal y establece el aumento de la pena de 3 a 6 años al que «explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare (…) cualquier modalidad o sistema de captación de apuestas en juegos de azar sin contar con la autorización pertinente».