El economista Demian Reidel, exjefe de asesores del presidente Javier Milei, fue imputado en la causa que investiga los gastos y consumos exorbitantes con la tarjeta de crédito corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica, que dirigió hasta febrero de este año.

Con 100 tarjetas corporativas se abonaron 45 gastos en free shops por u$s5.957; compras en tiendas de ropa (Adidas, Reebok, El Corte Inglés, Primark) por u$s1.224,54; estadías en hoteles cinco estrellas en San Francisco, Viena, Miami, Singapur y Washington; consumos en El pub pirata en Madrid por u$s765 y adelantos en efectivo por $60.300.000.

Reidel fue presidente de la empresa que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía durante el periodo investigado. Su gestión duró desde el 23 de abril de 2025 hasta el 9 de febrero de 2026. También ocupó la jefatura del Consejo de Asesores del Presidente desde marzo de 2024 hasta el 21 de julio de 2025.

Además, dejó su cargo en la compañía tras cuestionamientos y denuncias por presuntos sobreprecios en procesos de contratación realizados durante su gestión. Lo reemplazó Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y ex titular de Dioxitek.

En el oficialismo habían señalado que su salida del directorio se enmarcaba en el proceso de reorganización de la compañía y en los cambios impulsados en el área nuclear, mientras que fuentes del Gobierno sostuvieron que podría concentrarse nuevamente en tareas de asesoramiento presidencial.

 

Qué dijo Demian Reidel sobre los gastos con las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina

Antes de ser imputado, el economista afirmó que los resúmenes de su tarjeta corporativa «no muestran ningún gasto personal», pidió que «se investigue hasta el último peso» y apuntó: «Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa, intentar asignármelo a mi es mala fe absoluta».

«Mi actividad fue exclusivamente laboral y está disponible. Yo no tengo nada que ocultar«, concluyó el físico en X. Sin embargo, con la jurisprudencia sentada a partir del caso Vialidad, el fiscal podría postular que era su responsabilidad estar al tanto de lo que sucedía en la empresa durante su gestión.