Durante las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, este martes, el oficialismo consiguió 32 firmas para el despacho que elaboró junto al PRO y la UCR —que acompañó en disidencia— en las últimas semanas. Inicialmente, el Gobierno no buscó redactar un proyecto propio, ya que desde las más altas esferas del oficialismo negaban la problemática.
La oposición, por su parte, logró un dictamen con 27 firmas de los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. El trabajo de unificación fue arduo: inicialmente se reunieron 50 iniciativas, cifra que luego ascendió a casi 80.
Por mayoría dimos dictamen a un proyecto para fortalecer el acceso al crédito.
La única herramienta para el desarrollo y el futuro de un país es una economía fuerte y reglas del juego claras y parejas para todos.
Ya probaron con recetas del pasado: así como rompieron el mercado… pic.twitter.com/UgBRpgf2Zn
— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) September 29, 2026
El tercer despacho corresponde a Argentina Federal, que obtuvo dos firmas. Los diputados de esas bancadas formaron parte del grupo de los 133 que impulsó el tratamiento del tema hace semanas. Su propuesta quedó más cerca de la oposición que de la oficialista y su posición en el recinto dependerá de las negociaciones previas y de la posibilidad de incorporar algunas de sus sugerencias al texto.
Dos propuestas para abordar la morosidad
La oposición sabía desde el comienzo que no contaba con los números para quedarse con el dictamen de mayoría en las comisiones. Por eso, el objetivo estuvo puesto desde el primer momento en llegar al recinto con una propuesta unificada y, a partir de allí, intentar persuadir a diputados de otros bloques.
El despacho opositor propone un régimen específico para personas endeudadas, con criterios concretos de acceso. Podrán ingresar quienes tengan, al 31 de agosto de 2026, 60 días o más de mora en créditos al consumo o quienes, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones. El capital total adeudado no podrá superar el equivalente a dos Canastas Básicas Totales del Hogar 2 del INDEC y la cuota resultante de la regularización no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor.
El esquema contempla, entre otros puntos, la condonación del 100% de los intereses punitorios para quienes ingresen por mora, un plazo mínimo de 12 meses, 90 días de gracia y la posibilidad de cancelar anticipadamente sin penalidades. También establece una protección inmediata desde la solicitud, con suspensión de ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales, punitorios y capitalización de intereses.
El proyecto también incorpora límites a las tasas para determinadas operaciones, regula las cobranzas abusivas y prohíbe prácticas como el hostigamiento, las amenazas, las falsas intimaciones judiciales o el contacto con familiares y empleadores para reclamar una deuda. A su vez, contempla la portabilidad financiera y suma un capítulo de educación financiera en la escuela secundaria.
«Hay dos miradas dando vuelta: la del oficialismo, heredera de una cultura de negar la profundidad de este problema, y los que intentamos entender desde el primer minuto que esta situación aqueja a millones de argentinos», planteó Pablo Juliano, de Provincias Unidas. El diputado defendió el régimen especial y cuestionó que el dictamen oficialista pase por alto la realidad de la morosidad frente a las tasas y la pérdida de poder adquisitivo.
El oficialismo, en cambio, avanzó con un dictamen de transparencia crediticia y protección del consumidor, sin establecer un régimen de regularización de deudas como el que propone la oposición. El texto obliga a bancos, emisores de tarjetas, proveedores no financieros de crédito y servicios de pago a informar de manera clara el costo total de las financiaciones, las tasas, cuotas, cargos, seguros e impuestos.
El despacho suma herramientas vinculadas al universo digital: doble validación de identidad y consentimiento para contratar créditos online, mecanismos de prevención y gestión del fraude, reintegros frente a cargos indebidos y un botón de arrepentimiento para revocar créditos contratados a distancia.
El debate sobre el endeudamiento familiar en el Congreso no puede terminar en una ley testimonial.
Hoy salieron dos dictámenes principales. Uno, que acordamos desde distintos bloques de la oposición, plantea un alivio concreto: mecanismos para refinanciar deudas, ponerle un… pic.twitter.com/rb44rVGAgM
— Itai Hagman (@ItaiHagman) September 29, 2026
Entre sus principales herramientas aparecen además la posibilidad de establecer límites de autocontrol sobre el consumo con tarjeta, mecanismos de protección para los consumos realizados por menores y la portabilidad del crédito. El proyecto incorpora educación financiera en entornos digitales y nuevas tecnologías, con contenidos sobre crédito, costos, fraude, protección de datos y derechos de los usuarios.
«Tratamos de poner en ley normativa de transparencia crediticia, no solo de las tasas, punitorios y plazos, sino también de los impuestos», explicó Silvana Giudici, quien cuestionó las propuestas opositoras de condonación o limitación de tasas. La diputada sostuvo que establecer topes podría generar una retracción del crédito y defendió la necesidad de brindar seguridad jurídica para el funcionamiento del sistema financiero.
Desde Unión por la Patria, Itai Hagman planteó la discusión en términos de lo que ocurrirá en el recinto: «¿Vamos a hacer un ‘como si’? ¿Una sesión para sacar un proyecto que a la gente que está en mora no le cambia en nada o darles un alivio completo a esas millones de personas?».
El planteo opositor apunta precisamente a esa instancia. El oficialismo tendrá el dictamen de mayoría y, por reglamento, será el primero en ser considerado. La estrategia de los bloques que impulsaron el régimen para deudores será intentar rechazarlo y luego avanzar con el despacho de minoría. Para eso necesitarán no solo mantener unida a la oposición, sino también sumar a los bloques que no acompañaron el dictamen unificado.
La discusión, así, recién comienza a definirse fuera de las comisiones: con los dictámenes ya firmados, el desafío de la oposición será convertir los 133 votos que consiguió para abrir el debate en una mayoría capaz de modificar el resultado cuando el tema llegue al recinto.
Cómo sigue la discusión
El oficialismo había planteado inicialmente un cronograma que contemplaba una sesión el 7 de octubre para tratar endeudamiento y discapacidad, con la posibilidad de sumar también el proyecto sobre Malvinas si llegaba con dictamen. Sin embargo, el bloque oficialista tiene previsto volver a analizar las fechas en una reunión que se desarrollará este martes a la noche.
Desde la oposición apuntan al 14 de octubre, aunque todavía deben comenzar las conversaciones. La fecha también estará condicionada por la agenda de los legisladores, ya que muchos viajarán la próxima semana.