El Senado rechazó cinco decretos de Milei y aprobó la ley de financiamiento universitario

El Gobierno de Javier Milei sufrió este jueves en el Senado otro revés con el rechazo de los decretos de facultades delegadas, entre ellos los de reforma del INTI, INTA y Vialidad. Luego, los senadores convirtieron en ley el proyecto de financiamiento universitario.

De esta manera, esa serie de resoluciones del Poder Ejecutivo, motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, quedaron sin efecto porque ya tenían el rechazo de la Cámara de Diputados.

La avanzada cosechó el apoyo unánime del kirchnerismo, como era esperable, y de gran parte de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales. La Libertad Avanza quedó casi en soledad en la votación.

El debate por los decretos inició recién pasadas 12.30, más de una hora después del comienzo de la sesión, luego de una serie de cuestiones de privilegio, intentos por parte de partidos provinciales de incluir otros proyectos en el temario y la aprobación de acuerdos militares.

El decreto delegado por el cual Milei se proponía disolver Vialidad Nacional fue uno de los puntos de mayor encuentro entre los representantes provinciales.

El texto sostenía que la estructura de no se ajustaba “a las necesidades actuales de gestión”, lo que se reflejaba en “altos costos operativos” y falta de agilidad, y mencionaba una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo y una mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados.

A su vez, reasignaba tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión eran reasignadas a unidades dentro del Ministerio de Economía, y disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público” y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.

El senador del radicalismo Pablo Blanco fustigó contra la avanzada del oficialismo contra Vialidad Nacional, al afirmar que “el Gobierno toma una medida que es como si aparece un enfermo de cáncer y para no gastar en dinero le pega un tiro y lo mata, entonces se acabó el enfermo y se acabó el problema”.

Alfredo De Angeli, jefe de bloque del PRO,y reconocido productor rural, defendió el INTA y señaló que el organismo “tiene un prestigio tremendo a nivel internacional”, por lo que llamó a “preservar su autarquía”.

“El INTA ha inventado la primera cosechadora de algodón para la zona de Santa Fe, Chaco y Formosa ”, añadió.

El camporista Eduardo De Pedro, en tanto, focalizó su discurso en el decreto que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos y planteó que el decreto rechazado “quita competencias, reduce las capacidades, y tiene que ver con volver a la Argentina de la impunidad ”.

Otra de las facultades del decreto rechazado por el Senado era que buscaba convertir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, en un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.

Lo mismo estaba previsto para la Junta de Seguridad en el Transporte, que cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, al limitar su competencia al transporte aéreo, y sus funciones de investigación en los modos ferroviario, automotor y marítimo pasarían a ser suprimidas o reasignadas a otros organismos.

Por su parte, con los decretos que buscaban transformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Gobierno proponía quitarles su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados y dependientes de secretarías de Estado.

El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura, mientras que el INTI sería transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; en ese caso se cuestionó que el 30 por ciento de sus recursos humanos se hubieran concentrado en el área de administración, una ratio “muy por encima de los estándares habituales”.

Por último, el Senado también le dio su estocada final al decreto de necesidad y urgencia que establecía la desregulación de la Marina Mercante.

 

El Senado convirtió en ley el financiamiento universitario

El Senado convirtió hoy en ley el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales por 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, y otorgó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, que rechazaba esa iniciativa.

La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y eleva el presupuesto al 1 por ciento del PBI.

A la decena de rechazos, además de los seis libertarios, se plegaron dos senadores del PRO, Carmen Álvarez Rivero (Entre Ríos) y Martín Goerling (Misiones), la senadora de la UCR Carolina Losada (Santa Fe) y formoseño Francisco Paoltroni (Formosa).

Dos de las abstenciones también las aportó el partido amarillo con Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) y el salteño Juan Carlos Romero (Salta).

También otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno compensará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

El debate por el proyecto arrancó cerca de las 18, luego de que el cuerpo legislativo rechazara decretos delegados y un decreto de necesidad y urgencia dictados por Milei y los dejara sin efecto, ya que corrieron la misma suerte en la Cámara de Diputados.

Para la senadora Alejandra Vigo la universidad pública «argentina es parte» de la «propia identidad nacional y defenderla es una decisión de futuro».  «Acompañamos este proyecto como parte de una estrategia mayor y garantizando que nunca más se discuta la educación en términos de ajuste», destacó.

El radical Martín Lousteau afirmó que no «hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto la «vida» de una familia «como la educación universitaria». «Hoy, los docentes buscan otra actividad para complementar, dejan la docencia o se van a universidades privadas», agregó.

A pesar de votar a favor, el senador Juan Carlos Romero, de buen vínculo con el oficialismo, dijo que el proyecto «está sesgado, en medio de una campaña electoral» y consideró que fue un «problema que se podría resolver o con un presupuesto o con una paritaria».

Maximiliano Abad, de la UCR, subrayó: «Es un error monumental creer que la Argentina crecerá sola gracias al campo, Vaca Muerta o la minería. El desarrollo integral de una nación descansa en el nivel de calificación de su sociedad».

El senador del kirchnerismo Daniel Bensusán expresó: «De qué manera se va a desarrollar un país si no hay profesionales que a través de su actividad desarrollen las economías regionales, el comercio, la industria, la ciencia y la tecnología. Las universidades tienen un rol trascendental».

Mientras que el cierre estuvo a cargo del jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, quien fustigó contra el proyecto no solo por cuestiones presupuestarias, sino también cargó contra las universidades y una supuesta baja en las tasas de egresados.

«Los argentinos no estamos dispuestos a pagarles las fiestas a las universidades. Eso tiene que ver con el mal manejo de los fondos públicos», señaló. «La verdadera intención del kirchnerismo es romper el déficit y el crecimiento de la Argentina. No vamos a aceptar un presupuesto deficitario», redondeó Atauche.

 

Con abrumadora mayoría, el Senado sancionó la emergencia en pediatría con foco en el Garrahan

El Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en pediatría por 62 votos afirmativos y ocho negativos, dando así otro duro revés para el gobierno del presidente Javier Milei. 

La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO.

El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho.

También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones.

La OPC señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes y que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”.

Uno de los primeros discursos lo esbozó el senador del PRO Luis Juez, que contó que su hija Milagros, con parálisis cerebral, es una ex paciente del Garrahan.

«Cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llega a un padre es ‘vayan al Garrahan’. La única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas, la construimos en el Garrahan«, relató Juez.

Luego, se refirió a la críticas que recibió por haber votado contra los intereses del oficialismo, con quien mantiene gran vínculo, especialmente con Milei: «Nadie puede decir que está hablando un senador opositor, pero no me puedo callar en este tema«.

Por su parte, la senadora Alejandra Vigo exclamó: «Qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio». Y continuó: «Se puede tener posiciones hasta antagónicas en muchos casos, pero tratar de justificar de la manera que se pretende hacerlo, voy a creer que en Córdoba lo que falla es la salud mental».

La senadora de Unión por la Patria Alicia Kirchner pidió al Ministerio de Salud, que tiene como titular a Mario Lugones, conozca «un poco más» a la Argentina. «La timba financiera no repara y cuando se habla del poder macabro del Congreso y del futuro del país quiero responder que el futuro del país es nuestra infancia», resaltó.

Guadalupe Tagliaferri del PRO reconoció que la crisis en salud no inició con el desembarco de Milei, no obstante, afirmó que «gobernar significa reconocer un problema y solucionarlo». «No se puede cruzar el limite de tener que escuchar  que los chicos de la Argentina no tienen derecho a salud de alta complejidad», lanzó.

«La gente no solo votó a este Gobierno por la casta, lo votó para que le mejore la calidad de vida. No se puede seguir culpando al pasado, a la gente le importa poco a eso. La gestión del Garrahan es una cuestión nacional de sentido común», subrayó Tagliaferri.