El Senado aprobó este miércoles y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, cuyo debate estuvo marcado por críticas entre la senadora del FPV Cristina Kirchner y sus pares de Cambiemos y del justicialismo.
La iniciativa, cuyo eje central es incorporar al Código Procesal Penal -suspendido y pendiente de aplicación- una serie de leyes aprobadas durante 2016 y 2017, fue aprobada con 49 votos a favor 10 en contra y 2 abstenciones.
Del proyecto fueron eliminados algunos puntos que habían sido fuertemente cuestionados por agrupaciones civiles debido al establecimiento de mecanismos de vigilancia, pero eso no impidió que hubiera fuertes cruces entre la ex mandataria, el justicialista Rodolfo Urtubey y los oficialistas Luis Naidenoff y Esteban Bullrich.
Los cruces se originaron en un prolongado discurso de la senadora del FPV quien, sin embargo, se retiró al momento de la votación.
Uno de los puntos más cuestionados es un capítulo que incorporaba al nuevo Código Procesal Penal -pendiente de aplicación- la «vigilancia de las comunicaciones», «vigilancia remota sobre equipos informáticos» y «vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y localización».
Se aprobó el nuevo régimen de subrogancias
El Senado aprobó por unanimidad y convirtió en ley un proyecto que establece un nuevo régimen de subrogancias para jueces y la designación de conjueces, una propuesta que modifica la modalidad que había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto -que cosechó 61 votos a favor- y que recibió media sanción de Diputados en noviembre pasado, fija el modo de cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores que integran el Poder Judicial y determina en ese sentido que los magistrados subrogantes y los conjueces deberán ser siempre elegidos por sorteo.
En cuanto a los conjueces, el Consejo de la Magistratura debe hacer una lista con los secretarios de los juzgados y los abogados de la matrícula para que luego el Senado de la Nación les dé el aval.
El proyecto también otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de confeccionar las listas de conjueces a fin de que el Ejecutivo, con acuerdo del Senado, proceda a su selección.