El Senado de la Nación aprobó hoy por dos tercios, en general y en particular, el proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1% y dispone su actualización mensual a través del Índice de Precios al Consumir (IPC), que ya tuvo la media sanción de la Cámara de Diputados con dos tercios y por la cual el presidente Javier Milei confirmó que vetará.
Fue por 61 votos afirmativos, ocho negativos y cero abstenciones, en general. En particular, la oposición logró blindar todos los artículos sensibles para el Gobierno nacional con dos tercios.
Además del aumento de 8,1% y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.
A su vez, dispone que la ANSES “garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09”.
También instruye a la institución a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales “no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley”.
Su aprobación significará un gasto del 0,43 por ciento del PBI, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ante este panorama, Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto. El jefe de Estado calificó como “degenerados fiscales” a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto.
Semanas atrás, la Casa Rosada envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para defender el “déficit cero” que promueven Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los funcionarios postularon que aceptaban el 8,1, pero no harían lugar al resto de los puntos. No obstante, la propuesta del 8,1 también fue condicionada por los emisarios del Poder Ejecutivo al sostener que no sería de forma retroactiva a enero, mes en el que las jubilaciones subieron 12,5 frente al 20,6 que fue la inflación, sino al mes siguiente de la promulgación de la ley.
El debate
La presentación del proyecto, que cuenta solo con 13 artículos y que consiguió ser dictaminado por una mayoría construida por el kirchnerismo, radicales y un bloque federal, quedó en manos del senador Mariano Recalde (CABA), de Unión por la Patria, que comenzó su alocución pasadas las 12.30.
Uno de los primeros en tomar la palabra fue el radical Martín Lousteau (CABA), uno de los firmantes del despacho. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) hizo un punteo de ejes principales y citó a la OPC por su informe para explicar cómo, en su parecer, el Gobierno podría haber afrontado el costo.
“El costo es un poco menor de haber bajado los Bienes Personales, es decir, del impuesto que se les cobra a los más ricos de los más ricos. Nuestro bloque hizo una propuesta y el Gobierno no quiso cobrar más por el Blanqueo. Incluso, el Presidente fue a un programa que había método inclusive para ganar plata blanqueando”, argumentó Lousteau.
En esa línea, continuó: “Al que nunca pagó IVA, Ganancias, Bienes Personales le condonamos. Ahora, darle a los jubilados está mal. El Presidente dijo que el evade es un héroe. Claro, después falta la plata para pagarle a los jubilados que pusieron el lomo durante muchos años”.
El senador de Unión por la Patria Fernando Salino (San Luis) siguió la senda de Lousteau: “Esto de enamorarnos de la baja de la inflación y creer que si la bajamos resolvimos todos los problemas de la humanidad. Los funcionarios afirman que mejoraron las jubilaciones y, por otro, dicen que disminuyeron el gasto previsional. Es contradictorio y no lograron explicarlo”.
Uno de los que bancó la parada del oficialismo fue el senador libertario Bartolomé Abdala (San Luis). Si bien dijo que su espacio entiende el reclamo de la ciudadanía, cargó contra la oposición: “Nos quieren venir a decir que el problema es desde el 10 de diciembre y le faltan la palabra a la ciudadanía”.
Además, Abdala salió en defensa del programa económico de Milei y Caputo y cargó contra el Congreso por el retraso en la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal: “Falta mucho y somos conscientes. Tenemos mucha sensibilidad con la tercera edad. Si nos hubieran dado la Ley Bases antes, los jubilados estarían mejor“.
A su turno, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio calificó al presidente Javier Milei como un “degenerado social” en respuesta a Milei: “Si quienes vamos a votar este proyecto que viene con dos tercios de la Diputados que somos degenerados fiscales, es un degenerado social”.
Javier Milei anunció que vetará la nueva ley de movilidad jubilatoria que aprobó el Congreso: «Es una estafa moral«
Luego de que el Senado aprobara la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei confirmó que vetará la ley con el fin de mantener el déficit cero, tal como había advertido cuando comenzó a tratarse el proyecto. “Es una estafa moral”, alegó.
En el comunicado difundido, consideraron que la ley “tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno” y apuntaron directamente contra el Congreso de la Nación. “En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, expresaron.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.
“Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”, indicaron al referir al sistema de actualización previsional que impuso por decreto el Ejecutivo.
El comunicado continúa con las críticas al proyecto al tildarlo de ser una “estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal”. “Por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”, confirmaron.
“Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”, cerraron.