El gobierno de Javier Milei profundiza su política de ajuste del Estado y proyecta reducir hasta un 10% del empleo público durante 2026. La medida forma parte de la estrategia oficial para achicar el gasto público y continuar con el programa de reformas iniciado desde el comienzo de la gestión.
Según fuentes oficiales, en el corto plazo se prevé una nueva tanda de recortes que podría implicar entre 5.000 y 6.000 bajas en la administración nacional. Sin embargo, el objetivo anual es mucho mayor: alcanzar una reducción total superior a los 27.000 puestos entre la administración pública, empresas estatales y sociedades del Estado.
A diferencia de etapas anteriores, el foco del ajuste estará puesto en organismos descentralizados. Entre las áreas bajo revisión aparecen dependencias como el INDEC, el CONICET, la ANSES, el INTA y el ENARGAS, donde se evalúan recortes de personal y reestructuraciones internas.
Gran parte de las desvinculaciones se produciría mediante la no renovación de contratos anuales, una modalidad extendida dentro del sector público. Desde el Ejecutivo sostienen que este mecanismo permite avanzar en la reducción sin recurrir exclusivamente a despidos directos, aunque igualmente genera preocupación entre los trabajadores estatales.
► El Ejecutivo evalúa despedir entre 5.000 y 6.000 empleados públicos. El ajuste forma parte de un plan que apunta a reducir un 10% la planta estatal en 2026.
El recorte se enmarca en una política más amplia de reducción del Estado, que desde el inicio de la gestión ya implicó la eliminación de más de 60.000 empleos públicos. El objetivo oficial es llevar la estructura estatal a su “mínima expresión”, en línea con el enfoque de desregulación y ajuste fiscal impulsado por el Gobierno.
En paralelo, también se implementan programas de retiros voluntarios y revisiones de áreas consideradas sobredimensionadas. Las autoridades sostienen que el criterio de reducción varía según cada organismo, en función de su funcionamiento y dotación de personal.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como necesaria para ordenar las cuentas públicas, sectores sindicales y de la oposición advierten sobre el impacto que puede tener en el empleo y en el funcionamiento de áreas clave del Estado, en un contexto de alto nivel de desempleo y crisis económica.