El Gobierno nacional otorgó a nueve provincias la facultad de gestionar y licitar el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que pasan por sus territorios.
Las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes a empresas privadas, mixtas o entes públicos.
Las provincias beneficiadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Se trata de distritos cuyos gobernadores (Juan Pablo Valdés, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Claudio Poggi, Alfredo Cornejo, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Marcelo Orrego y Claudio Vidal, respectivamente) mantienen vínculos políticos cercanos con la administración de Javier Milei y fueron claves en diversas votaciones legislativas del oficialismo.
El objetivo de la medida es descentralizar las funciones operativas y permitir que los gobiernos locales gestionen la infraestructura vial de forma directa.
La disposición fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina. El texto aclara que esta delegación de facultades es de carácter «funcional, limitado, temporal y revocable».
La normativa especifica que el Estado Nacional mantiene la propiedad de las rutas. El decreto señala que la medida «no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados».
Además, se fija un límite temporal para los contratos de gestión, los cuales «en ningún caso podrá exceder de TREINTA (30) años contados desde su aprobación».
Para implementar este sistema, cada provincia debe firmar convenios individuales con la Dirección Nacional de Vialidad.
En estos acuerdos se detallarán los tramos específicos a transferir y el plan de obras previsto. Según el decreto, las provincias deben garantizar el «respeto a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero».
Finalmente, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y la Dirección Nacional de Vialidad supervisará el cumplimiento de los contratos.
En caso de que una provincia no convoque a licitación en el plazo de un año tras la firma del convenio, se producirá el «decaimiento de la delegación respecto del tramo vial de que se trate».
Conflicto por las rutas nacionales con Axel Kicillof
Esta decisión nacional se da en medio de tensión con la Provincia, luego que Aubasa fuera excluida del proceso licitatorio «destinado a modernizar y poner en valor más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos de la red vial nacional mediante inversión 100% privada».
“Su exclusión responde exclusivamente a cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación, los cuales fueron oportunamente aceptados por todos los oferentes al momento de su presentación”, indicó Nación para justificar su decisión.
Frente a esto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anticipó una ofensiva judicial a raíz de lo que considera que Nación busca excluir a la empresa estatal bonaerense de licitaciones clave para operar rutas nacionales.