El Gobierno de Javier Milei denunció penalmente este lunes a la jueza porteña Karina Andrade, quien el jueves pasado liberó a más de 100 detenidos durante los incidentes que se desataron en la marcha de jubilados y se enfrentaron con las fuerzas federales.
La presentación fue realizada por Fernando Oscar Soto, en representación del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich. El Ejecutivo acusa a la magistrada de presunto prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
La denuncia penal de 21 páginas recrimina la liberación de 114 “por WhatsApp” y habla de un fallo “ideológico” que está “fuera de la ley”.
Habrá una segunda presentación, esta vez ante el Consejo de la Magistratura porteño, en la que el Ejecutivo pedirá la destitución lisa y llana de la magistrada.
“Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes”, sostuvo Bullrich al dar a conocer la denuncia.
DENUNCIAMOS A LA JUEZA ANDRADE
Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus… pic.twitter.com/HiPLP7atrM
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2025
La presentación quedó radicada en el fuero federal y se fundamenta en las “graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación”.
La denuncia sostiene que Andrade expuso un comportamiento “arbitrario” ante un “procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios“.
“Para perfeccionar la imputación y formalizar la intimación de los hechos, el Fiscal cuenta con un plazo de 24 horas, conforme lo dispuesto en el art. 183 del Código Procesal Penal, con la posibilidad de extender el plazo legal por 24 horas más ante casos complejos”, detalla la presentación.
Es por ese motivo que consideran que la propia de la Ley fue ignorada por la magistrada a la hora de firmar la liberación de las personas que podrían haber estado involucrados en los hechos de violencia que el Gobierno denunció, la semana pasada, en Comodoro Py.
Al respecto, Bullrich agregó en la red social X que la jueza no cometió un error sino que fue cómplice. “Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones”, escribió. Y cerró: “Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes. La denunciamos por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás”.
El Gobierno les aplicó el derecho de admisión a 26 hinchas involucrados en destrozos durante la marcha
El Gobierno les aplicó el derecho de admisión a 26 hinchas involucrados en los destrozos de la marcha de los jubilados. La medida fue establecida por el Ministerio de Seguridad y oficializada este lunes en el Boletín Oficial.
Se trata de una parte de los detenidos por las fuerzas federales tras el enfrentamiento y los incidentes en la plaza del Congreso, de los cuales la mitad cuenta con antecedentes penales y pedidos de captura activos.
La Resolución 343/2025, que lleva la firma de Patricia Bullrich, les impone a estos 26 hinchas una «restricción de concurrencia administrativa» en todo el territorio argentino por las “actuaciones sumariales” caratuladas en la causa como «atentado y resistencia a la autoridad».
Francos: «El uso de las fuerzas está reglamentado»
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la postura del Gobierno de desplegar el protocolo antipiquete y permitir la represión policial en caso de que “sea necesario” en la marcha de este miércoles en contra del ajuste a los jubilados.
Tras los incidentes en la manifestación que se realizó en las inmediaciones del Congreso la última semana -y en la que resultaron heridas varias personas, entre ellas la jubilada Beatriz Blanco y el fotógrafo Pablo Grillo-, este lunes el funcionario indicó que “si hay una situación de uso de la violencia, se utilizará la represión de acuerdo a los cánones que se hace normalmente”.
Y añadió: “El uso de las fuerzas está absolutamente reglamentado, no hay una utilización fuera de los cánones normales de reprimir una manifestación violenta”.