Tras más de 29 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la ley Bases y el paquete fiscal enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso, y ahora las negociaciones se trasladarán al Senado.
La votación de ley Bases recibió 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. En el debate en particular se aprobaron las facultades delegas para Javier Milei, las privatizaciones de una decena de empresas del Estado y la reforma laboral, entre otros.
Además, el paquete fiscal, que incluye un blanqueo, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y las modificaciones a Bienes Personales, se aprobó en general por 140 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.
El oficialismo logró avanzar en la Cámara baja, contrariamente a lo que había pasado en sesiones extraordinarias, con el apoyo de sectores dialoguistas de la oposición como el PRO, parte del radicalismo, Hacemos Coalición Federal y el Interbloque de Innovación Federal. En tanto, fue rechazado por Unión por la Patria, el interbloque del Frente de Izquierda y sectores minoritarios del radicalismo y Hacemos Coalición Federal, como el socialismo y Natalia de la Sota.
Ley Bases
Tras la votación en general, que arrojó 142 votos positivos, 106 votos negativos y cinco abstenciones, los legisladores se abocaron sin pausa a la discusión en particular del articulado: pese a la presión de la oposición dura, el oficialismo y sus aliados de los bloques dialoguistas lograron aprobar los capítulos sobre privatizaciones, facultades delegadas para reorganizar y eventualmente disolver organismos públicos y una reforma laboral destinada a flexibilizar las condiciones de contratación en las empresas.
A último momento, cuando finalizaba la sesión, un sector de la oposición dialoguista logró incorporar un nuevo capítulo a contramano de los intereses del Poder Ejecutivo: el que establece una suba del 70% al 73% el impuesto interno al tabaco y la eliminación del impuesto mínimo hoy vigente. En medio de fuertes lobbies cruzados de las empresas del sector, el Gobierno y sus aliados de Pro pretendían postergar la discusión de este tema, pero cayeron derrotados en la votación.
La aprobación de la Ley de Bases contó con el apoyo del bloque de Pro -su aliado incondicional- como así también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
En la vereda contraria se apostaron los diputados de Unión por la Patria, de los bloques de izquierda y Natalia De la Sota (Córdoba Federal). En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto a Mónica Frade (Coalición Cívica). El santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Roberto Mirabella (Unión por la Patria) y Alvaro González (Pro) se ausentaron.
Luego de la aprobación en general, los legisladores se enfrascaron en una fuerte discusión sobre la metodología a aplicar en la votación del articulado. El oficialismo bloqueó toda posibilidad de cambios y logró, no sin fuertes reproches de los opositores duros, que la iniciativa se vote por capítulos -no por artículo- para evitar que se rechace o se modifique alguno de los puntos más conflictivos y la sesión finalice en un fracaso, como en febrero pasado.
La estrategia legislativa resultó exitosa: sin mayores complicaciones el oficialismo -que a lo largo de la votación logró mantener un piso de 134 votos positivos- aprobó en particular las distintas herramientas contempladas dentro de esta versión de la Ley Bases que, en rigor, es más acotada que la que se presentó en diciembre pasado, la cual naufragó por falta de consenso.
El primer capítulo de la iniciativa es clave para el Gobierno en esta etapa de su gestión: incluye la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. Ante los reparos de la oposición sobre este último punto, el oficialismo accedió a exceptuar de una eventual disolución a una quincena de organismos públicos.
No obstante, legisladores de la Coalición Cívica, de la UCR y de Unión por la Patria cuestionaron el artículo durante el debate en particular, ya sea para incorporar nuevos organismos a ser exceptuados o bien suprimirlo. No tuvieron éxito: el oficialismo se impuso con 135 votos positivos frente a 116 negativos y 2 abstenciones.
Posteriormente, los legisladores abordaron el capítulo sobre privatizaciones de las empresas públicas, que terminó aprobado con 138 votos positivos, 11 negativos y 2 abstenciones.
De las 41 compañías que originalmente el Gobierno pretendía privatizar en diciembre pasado, debió conformarse con un listado mucho más acotado. Según la iniciativa, Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo podrán ser privatizadas de manera total. En tanto, las firmas Agua Y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales S.A. podrán ser privatizadas parcialmente. En tanto, el Banco Nación y sus empresas subsidiarias quedaron afuera del proyecto.
Asimismo, la iniciativa incorpora una reforma laboral que apunta, fundamentalmente, a flexibilizar las condiciones de contratación por parte de las empresas: extiende a seis meses el período de prueba para los nuevos trabajadores, plazo que se puede prolongar hasta ocho meses y un año para las PyME, según su tamaño; asimismo, se elimina el cobro de multas a los empleadores por el trabajo mal registrado de sus empleados y habilita a las empresas (previo acuerdo con el gremio correspondiente) a crear un Fondo de Cese Laboral, un mecanismo alternativo al actual régimen de indemnizaciones.
En vano, el radicalismo, en la voz del diputado Martín Tetaz, intentó incorporar sendos artículos para sancionar los bloqueos a las empresas y eliminar la obligatoriedad de los aportes solidarios a los sindicatos que forman parte de varios convenios colectivos de trabajo. Los libertarios rechazaron la propuesta.
Por otra parte, el proyecto incorpora un ambicioso Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos de montos superiores a los US$ 200 millones. Está dirigido, fundamentalmente, a los sectores hidrocarburíferos, mineros, agroindustriales y forestales, entre otros.
Si bien este capítulo se aprobó sin mayores complicaciones, varias voces elevaron sus críticas por los beneficios fiscales, a su juicio excesivos, que gozarán las grandes empresas y multinacionales que ingresen en el régimen: una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales.
“Crea las condiciones para un patrimonialismo de amigos”, asestó la diputada Paula Oliveto. “Nos parece poco sano en términos republicanos avanzar con este proyecto junto con un blanqueo de capitales, pueden ingresar capitales oscuros, del crimen organizado, a este régimen”.
También se pronunció en contra la diputada Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal). “Se hace un traslado enorme de privilegios al sector privado, es muy inequitativo respecto de las PyME. Este capítulo revela claramente que todas las obligaciones son para el Estado, no para el sector privado y nada se les reclama. Se nota que fue diseñado por estudios o escritorios fuera del Estado”, alertó.
“¡Esta es una entrega en términos cambiarios y tributarios. Para todos los preocupados por alcanzar el déficit, estamos votando más gasto tributario!”, clamó la diputada Julia Strada, de Unión por la Patria.
“Quiero desmitificar este tema. No es la entrega de la soberanía, es para atraer inversiones y para el desarrollo del país”, justificó su apoyo al RIGI Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federal. “Al Presidente hay que darle herramientas”, agregó, no sin antes pasarle un aviso al jefe de Estado para que entable un “diálogo constructivo“ con el Congreso. “Que deje de agraviar”, remarcó.
No menos intensa fue la discusión sobre la derogación de la moratoria previsional, también prevista en la iniciativa. En su reemplazo, y a instancias del radicalismo, el oficialismo accedió a incluir una Prestación de Retiro Proporcional para los que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de haber cumplido los 30 años de aportes a partir de los 60 años mujeres o 65 años los varones.
Pese a las fuertes críticas de Unión por la Patria, el artículo finalmente se aprobó 125 votos positivos frente a 113 negativos.
Previo a la votación en general, los jefes de bloque cerraron el debate. Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR, también dio su apoyo a la inciativa. “Intervenimos con reformas en el proyecto y nos interpela conceder facultades a un presidente inestable. Somos conscientes que podemos revocar las concesiones. Son menores de las que se dieron a Alberto Fernández o Cristina Kirchner”, planteó el cordobés. Y reclamó que “no se repita el sistema [privatizador] noventista, que fue opaco. Vamos a estar observando cómo se reglamenta el RIGI, vamos a estar observando. Este bloque le viene a dar las herramientas que reclama, pero le viene a quitar las excusas para ganar tiempo”.
“Muchas de las cosas que están en esta Ley Bases las propusimos en la campaña electoral”, justificó Cristian Ritondo el apoyo de Pro a la iniciativa.
“Esta matriz de saqueo va a terminar en corrupción”, dijo Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) para argumentar su rechazo, sobre todo, al RIGI. Y añadió más críticas al Gobierno: “Si vamos a hacer una factoría, ¿para que queremos un Estado?”.
Cerró el debate antes de la votación general Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), quien agradeció el respaldo de los bloques aliados para aprobar la ley. “Es una ley para los trabajadores”, dijo el libertario, que justificó el cierre de organismos públicos. “Menos Estada, es libertad”, reforzó, casi como un eslogan de campaña.
El paquete fiscal
espués de más de 30 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de medidas fiscales paliativas y relevantes promovido por la gestión de Javier Milei.
En materia fiscal, entre otras reformas aprobadas hoy, le tocará al Senado considerar la reimposición del impuesto a las Ganancias, un generoso blanqueo, una rebaja en Bienes Personales, una moratoria de obligaciones tributarias y aduaneras, y cambios en las escalas del Monotributo.
El proyecto, de 112 artículos, fue aprobado en general con 140 votos positivos, 103 negativos y 6 abstenciones. Al igual que lo que hizo en relación con la Ley Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos de este proyecto para acercar posiciones con los bloques de la oposición dialoguista y evitar sorpresas en el recinto. Puntualmente, aceptó actualizar semestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) las escalas de Ganancias y el Monotributo. La administración libertaria pretendía hacerlo de manera anual, pero los legisladores aliados exigieron una mayor periodicidad en el reajuste para evitar que por el efecto inflacionario se sumen contribuyentes a pagar el tributo.
También se consensuó un premio al buen contribuyente en la moratoria. Para las personas físicas, se pautó una reducción del 0,5% en la alícuota de Bienes Personales para 2023, 2024 y 2025; mientras que se definió una baja del 0,125% para las personas jurídicas en ese mismo período.
Además de La Libertad Avanza (LLA), el paquete fiscal contó con el apoyo del bloque de Pro, así como también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Los votos negativos los aportaron los diputados de Unión por la Patria (UxP) y de la izquierda. En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto al santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Jorge Ávila (Hacemos Coalición Federal). En tanto, hubo siete ausencias: Carla Carrizo (UCR), Sergio Casas (UxP), Natalia de la Sota (Córdoba Federal), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Álvaro González (Pro), Roberto Mirabella (UxP) y Leopoldo Moreau (UxP).
Durante la discusión en particular de la iniciativa se introdujo, a instancias del diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, un artículo por el que se instruyó al Poder Ejecutivo a que, en el plazo de 30 días, “envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la Administración en un dos por ciento (2%) del Producto Bruto Interno (PBI), mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario en los términos del Artículo 2° del decreto 1.731/2004″. Una presión para desarticular los regímenes especiales, como el que beneficia a los industriales electrónicos de Tierra del Fuego.
La modificación de las escalas del Monotributo fue muy cuestionada y derivó en un cuarto intermedio de quince minutos para salvar las diferencias en este punto. Finalmente, se aprobó por 142 votos afirmativos, 104 rechazos y dos abstenciones tras incorporar una modificación consensuada con la oposición, mediante la que se determinó que los cambios en las escalas “comenzarán a regir a los 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial”.
Muchos legisladores de la izquierda, el kirchnerismo, el socialismo, el radicalismo y la Coalición Cívica se resistieron a la eliminación tácita del monotributo social por la actualización de las escalas del impuesto. Esto podría dejar a muchos monotributistas en riesgo de tener que abandonar el sistema simplificado para ir al más oneroso régimen impositivo general (con inscripción en IVA y Ganancias y con el pago de aportes previsionales como autónomos), aun cuando sus ingresos muy probablemente disminuyeron en términos de capacidad de compra.
Terminado el receso, el diputado José Luis Espert, miembro informante del proyecto del Gobierno, anunció la postergación en la entrada en vigencia del tributo, que salvó este punto. Tras ello, el diputado Itaí Hagman (UxP) anticipó el rechazo de su bloque, aunque valoró “el compromiso para que en los próximos 90 días podamos discutir una propuesta superadora de las escalas para evitar que 1,5 millones de personas pasen a tributar más”.
Previamente, se había avanzado en uno de los asuntos más espinosos, que fue la reversión del impuesto a las Ganancias, específicamente en la definición de los pisos mínimos no imponibles. No obstante, este tributo fue reinstalado por 133 avales, 113 rechazos -fundamentalmente de los legisladores patagónicos- y cuatro abstenciones.
Durante este debate, el primero en tomar la palabra fue el diputado rionegrino Agustín Domingo, parte del bloque Innovación Federal, quien pidió un incremento de las escalas del impuesto a las Ganancias del 22% para los trabajadores petroleros en función de que “se reconozca el costo de vida de los patagónicos”.
El legislador Sergio Palazzo (UxP), quien además es el líder del sindicato de bancarios, puso el foco en el piso desde el que se comenzará a gravar a los contribuyentes con este tributo, que afecta directamente a los trabajadores del gremio que conduce. Por eso, cuestionó la quita de exenciones al gravámen, como los adicionales, los bonos por productividad, los vales alimentarios o las horas extras. “Es ficticio decir que la base imponible es $1,8 millones porque el trabajador pierde la capacidad de deducir del impuesto todos estos conceptos”, dictaminó.
Romina del Plá, de la Izquierda, solicitó el retiro completo de este título. “Trabajadores docentes, médicos y aquellos que trabajan en actividades que tienen desarraigo van a pasar a pagar este impuesto. El salario es para pagar los alimentos”, sentenció antes de anticipar su rechazo.
Uno de los discursos más encendidos fue el del diputado chubutense y gremialista petrolero, Jorge “Loma” Ávila (Hacemos Coalición Federal), quien rechazó la reimposición del impuesto a las Ganancias. “Los trabajadores petroleros trabajamos 12 horas por día y somos los que más tributamos. Acá parece que no ven lo que los trabajadores sufrimos en el campo. La operación petrolera no tiene parate, piden más producción con menos gente”, indicó Ávila, mientras que observó: “El Presidente votó que este impuesto no se pague cuando estaba acá”. Por último, mandó una advertencia a la administración libertaria: “Van a terminar con a paz social en los pozos petroleros”.
Carlos Heller, de UxP, cuestionó todas las características de este régimen que, según detalló, “tiene gravísimas implicancias para el lavado de activos”. “Implica a sujetos no residentes. Es extraño que estos ex residentes puedan regularizar dinero en nuestro país, ¿cómo hacemos para aplicar las reglas antilavado?”, consideró. Al mismo tiempo, criticó la divisa que se utiliza como referencia en el proyecto: “Tanto para los bienes en el país como para aquellos en el exterior el monto está expresado en dólares. Eso es un rechazo a nuestra moneda”, señaló.
Por último, destacó la posibilidad de regularizar bienes registrados a nombres de terceros que está prevista en la iniciativa y dictaminó: “Es algo que excede toda lógica y es inaceptable”. Por eso, adelantó la postura de su bloque, y concluyó “El texto del proyecto y el dictamen debe ser rechazado de plano por un conjunto de razones que ya planteamos”.
En la misma línea, la legisladora Marcela Campagnoli (CC) explicó su rechazo: “No podemos permitir que por un blanqueo entre dinero manchado de sangre, por eso la Coalición Cívica va a votar en contra”.