El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli (Cambiemos), convocó para el próximo miércoles 2 de mayo a los miembros del cuerpo para discutir el pedido de desafuero de la diputada Aída Ayala (Cambiemos), ex intendente de Resistencia (Chaco). La legisladora está acusada de lavado agravado de activos, evasión y asociación ilícita en una causa en la que se investigan sus vínculos con la empresa que ganó la licitación para la recolección de residuos en la capital chaqueña durante su paso por la intendencia.
El pedido de desafuero, formulado por la jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger, llegó el miércoles pasado a la Cámara de Diputados y al día siguiente se lo giró a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Acto seguido, Tonelli formalizó la convocatoria para debatir el asunto y confirmó, en diálogo con LA NACION, que la diputada Ayala se hará presente para ejercer su defensa.
Pedido de Desafuero el miércoles en Diputados. caratulada “Sampayo Facundo Alfredo y otros S/Asociación Ilícita inf. Art. 303 e infracción ley 24.769", solicitando el desafuero de la señora Diputada Aida Beatriz Máxima Ayala.
— Gerardo Strejevich (@Strejevich) April 28, 2018
Ayala se presentó el martes pasado ante la Justicia. «Tengo la plena confianza que no es cierto de lo que se me acusa», enfatizó al salir del juzgado de Niremperger. «Creo que la Justicia está siendo usada para una maniobra política; nuevamente se investiga hechos ya analizados por la Justicia provincial», enfatizó.
El oficialismo en la Cámara de Diputados está convencido de que Ayala es víctima de una operación política del justicialismo provincial, comandado por Domingo Peppo y Jorge Capitanich, para que no pueda competir por la gobernación de Chaco en 2019.
Pero el antecedente del desafuero del diputado y exministro kirchnerista Julio De Vido, aprobado por la Cámara baja en noviembre pasado, no beneficia a la diputada oficialista pues, tal como argumentó el bloque de Cambiemos en el caso de De Vido, ante el pedido de un juez para investigar y eventualmente arrestar a un legislador, la Cámara debe conceder el desafuero.