Después de darle media sanción a la iniciativa de financiamiento universitario, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto cuestionado por el Gobierno que declara la Emergencia Sanitaria por dos años de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud que, entre otras cuestiones, dispone la recomposición salarial del personal sanitario, reasignar fondos y partidas para la compra de insumos.
Con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó proyecto de financiamiento universitario, en una sesión que expuso la fragilidad del oficialismo frente al bloque opositor. La propuesta, redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), busca elevar el presupuesto universitario al 1 por ciento del PBI y será girada al Senado en las próximas horas.
El proyecto establece una recomposición presupuestaria desde mayo a diciembre de 2024 y una actualización bimestral a partir de enero de este año en función del índice de inflación. También incluye la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes, la creación de carreras estratégicas y un refuerzo para hospitales universitarios, actividades de extensión y fondos de Ciencia y Técnica.
¡Aprobamos la Ley de Financiamiento Universitario en @DiputadosAR!
Esta ley permite al sistema contar con recursos sostenibles, garantizando igualdad de oportunidades y recomponiendo el salario de docentes y no docentes. pic.twitter.com/hOFqZx8yyZ
— Danya Tavela (@danyatavela77) August 6, 2025
El texto aprobado propone que el Gobierno nacional compense las diferencias entre los aumentos salariales otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley. A futuro, prevé una actualización salarial bimestral no inferior al Índice de Precios al Consumidor. Además, en 2025 deberá completarse la incorporación al salario básico de todas las sumas no remunerativas ni bonificables percibidas. La Auditoría General de la Nación controlará el uso de los fondos y reportará al Congreso.
En el recinto, la diputada Danya Tavela (Democracia para Siempre) fue una de las voces más críticas: «El primer responsable de que estemos discutiendo este tema es el Gobierno Nacional que por segundo año consecutivo no cumple con su obligación de traer la Ley de Presupuesto». Y agregó: «Nunca habíamos atravesado esta situación. Ni siquiera en los oscuros años 90».
Gabriela Brouwer de Koning (UCR) sostuvo que «el orden fiscal no debe ser un fin en sí mismo«, mientras que Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) planteó: «Invertir en la universidad no va a contramano de la responsabilidad fiscal, pensar lo contrario es una miopía estratégica».
El oficialismo, que había intentado bloquear el quórum con gestiones directas de Milei desde Olivos, no logró evitar el avance legislativo. Desde La Libertad Avanza señalaron que se trató de «un intento de sabotaje económico». El diputado Gabriel Bornoroni denunció: «El kirchnerismo quiere romper el equilibrio fiscal de Milei. Digan la verdad cuando vayan a sus provincias: son todos kirchneristas«.
Si la educación pública nos ha brindado estos legisladores que no entienden que hay que evitar el dédicit fiscal, q el gasto se paga con impuestos, inflación o deuda y que el populismo solo nos empobrece, entonces estoy de acuerdo, la educación pública hace décadas está muy mal.
— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 6, 2025
Nadia Márquez, también de LLA, defendió el ajuste: «Nos importa la educación de calidad y no la pedorrada que tenemos. Vamos a seguir peleando por ellos, pero no vamos a tirar por la borda el esfuerzo para no tener déficit».
La sesión forma parte de una maratónica jornada parlamentaria con múltiples proyectos que inquietan a la Casa Rosada, entre ellos la emergencia en pediatría, la coparticipación de impuestos a los combustibles y el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional. El vocero de la presidencia de Diputados estimó que el debate podría extenderse hasta 38 horas.
Aunque el oficialismo anticipó que judicializará aquellas leyes que afecten su programa fiscal, la amplitud del respaldo opositor —con aportes de Unión por la Patria, UCR, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y bloques federales— abre la posibilidad de insistir en caso de un veto presidencial. El clima con los gobernadores, cada vez más tenso, también podría inclinar la balanza en el Senado.
Diputados declaró la emergencia del Garrahan con amplia mayoría
La Cámara de Diputados aprobó por una abrumadora mayoría la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, uno de los centros de salud pediátrica más importantes del país.
La medida fue acompañada por 159 legisladores contra 67 votos negativos y 4 abstenciones, superando con holgura los dos tercios necesarios para blindar la iniciativa ante un eventual veto presidencial. Se trata de un nuevo golpe político para el oficialismo, que ya había sufrido la aprobación del aumento presupuestario a las universidades.
La norma declara por un año la emergencia en salud pediátrica y obliga al Estado nacional a garantizar el pleno funcionamiento del Garrahan, incluyendo una recomposición salarial inmediata para su personal médico y no médico. El texto también exime al personal de pagar el impuesto a las Ganancias por actividades críticas, horas extras y guardias.
Uno de los puntos clave del proyecto es la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias dentro del Ministerio de Salud y ampliar recursos mediante el uso de fondos de contingencia sanitaria, algo que el oficialismo cuestiona duramente por su impacto fiscal.
https://twitter.com/pyedlin/status/1953272109406605652
La ley fue respaldada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y sectores del radicalismo. Incluso acompañaron bloques aliados al oficialismo como los sanjuaninos de Producción y Trabajo y monobloques como el de Lourdes Arrieta.
En cambio, votaron en contra los diputados de La Libertad Avanza, gran parte del PRO y los «radicales peluca» agrupados en la Liga del Interior. El rechazo se fundamentó, principalmente, en el costo fiscal de la medida y la sospecha de que se busca crear estructuras «kirchneristas» bajo la excusa de una emergencia sanitaria.
El presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin (UP), advirtió que la situación del Garrahan es crítica: «En 2024 atendió a 350 mil niños de todo el país. No hay otro lugar que los pueda recibir«. Subrayó que la mitad de los trasplantes pediátricos se hacen en ese hospital, y que la demora en la entrega de insumos médicos es cada vez más grave: «Lo que antes tardaba 60 días, ahora se convierte en un calvario sin plazos».
La diputada radical Gabriela Brouwer de Koning también remarcó que el Garrahan «es la única alternativa para sobrevivir» de muchos niños con enfermedades graves, y pidió que el Estado asegure eficiencia sin poner trabas al acceso a la salud.
La emergencia pediátrica es un acto de reparación. Un escudo para los médicos del Garrahan, los niños que allí se atienden y sus familias frente a la destrucción planificada desde el gobierno. Con la salud no se jode. https://t.co/tlW7T0l44F
— Facundo Manes (@ManesF) August 7, 2025
El neurocirujano y diputado Facundo Manes fue enfático en su intervención: «En los hospitales pediátricos se lucha todos los días con humanidad y ciencia. No se atienden números, se salvan vidas«. Y agregó: «La salud pública no es solo una política social, es una política de desarrollo. La mala salud impide que un país crezca«.
La diputada libertaria Juliana Santillán sostuvo que el proyecto es «una ingeniería legal para reinstalar estructuras kirchneristas». Según su visión, la propuesta opositora no responde a una urgencia sanitaria real, sino a intereses políticos. También afirmó que el Gobierno está mejorando la gestión del sistema de salud con criterios de eficiencia y control del gasto.
El rechazo del oficialismo se apoya en los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó un costo fiscal anual de $133.433 millones si se equiparan los salarios del personal de salud al nivel de noviembre de 2023. Solo entre julio y diciembre, el gasto adicional sería de $65.573 millones.