Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, fue detenido este martes por la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, investigado tras un ataque a balazos contra una abogada y activista bolivianaNadia Beller, señalada por los medios como su expareja.

La aprehensión se produjo tras el atentado armado contra Beller, quien recibió tres impactos de bala durante un ataque ocurrido el lunes por la noche y permanecía internada con diagnóstico reservado. Beller habría sido pareja de Cerimedo, según señalan medios locales.

“Está ​arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis. La primera ⁠es que Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, comentó a la prensa David Gómez, de la Policía de Santa Cruz.

Según la investigación, los autores del ataque llegaron vestidos como repartidores e interceptaron a Beller en las escalinatas de un hotel. El momento quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

 

Quién es Fernando Cerimedo

El exasesor presidencial Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia acusado de mandar a matar a su expareja, Nadia Beller, quien recibió tres balazos y se encuentra hospitalizada en una clínica privada. El empresario, cercano a Javier Milei, cofundó el medio digital La Derecha Diario, dirigió la agencia Numen y logró un elevado perfil regional en Latinoamérica al diseñar las campañas de comunicación digital y de redes sociales para referentes de la ultraderecha, entre ellos Jair Bolsonaro en Brasil.

En septiembre de 2025 fue denunciado junto con su esposa Natalia Basil por un presunto encubrimiento en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde declaró como testigo y señale conversaciones con el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, sobre un supuesto esquema de coimas.

Su presencia en Bolivia está vinculada con asesoría política al presidente Rodrigo Paz, según había indicado en una entrevista en mayo de este año. El hecho generó fuertes cuestionamientos de legisladores bolivianos, quienes elevaron un pedido de informe a la presidencia sobre sus funciones, su eventual vínculo contractual con el Estado y el grado de influencia que ejerce sobre el Gobierno.