La Justicia declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgenciaque endurecía los controles migratorios en la Argentina y agilizaba la deportación de los extranjeros vinculados con el delito.
El polémico decreto migratorio 70/2017 fue firmado por Mauricio Macri a fines de enero de 2017. Pero en la sentencia conocida ayer en la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró su “invalidez constitucional”.
Los jueces consideraron que el DNU vulneraba la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de los/as migrantes. La sentencia se refiere a los tiempos acotados del trámite de expulsión, a las retenciones preventivas y a la afectación del derecho a la unidad familiar.
— CAREF Argentina (@CarefArgentina) March 23, 2018
El voto mayoritario de la Sala V consideró que la inconstitucionalidad se deriva tanto de que el Gobierno utilizó sin justificación la herramienta del DNU, como que las medidas adoptadas son contrarias a los derechos humanos de los migrantes.
Sin argumentos válidos
Respecto al argumento del Gobierno de una “emergencia en seguridad” para justificar el DNU que modificó la Ley de Migraciones, los jueces sostuvieron que “el decreto no expone razones válidas -dadas las deficiencias que presenta en el análisis de las estadísticas- para sostener la necesidad inmediata de modificar la ley eludiendo la participación del Congreso mediante el procedimiento legislativo ordinario”.
La causa judicial se originó en febrero de 2017 por una presentación del CELS, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes y el Colectivo por la Diversidad.
Posteriormente se presentaron en la causa otras personas y actores tales como el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Civil Derechos Humanos, Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina y la Asociación Civil Mesa por la Igualdad.
La sentencia se refiere específicamente a los tiempos acotados del trámite de expulsión exprés, a las retenciones preventivas de personas migrantes y el riesgo de que se conviertan en una detención arbitraria y a la afectación del derecho a la unidad familiar.
Según el fallo, el decreto “establece una serie de restricciones al derecho al debido proceso que no se compadecen con los fines que declara perseguir la norma.
Dura crítica del CELS
El CELS aprovechó la sentencia favorable a su presentación para criticar fuertemente al Gobierno.
⚠️El DNU con el que el gobierno modificó la ley de Migraciones fue declarado inconstitucional.
Para el Poder Judicial el gobierno se apropió de facultades legislativas y tomó medidas contrarias a los derechos de lxs migrantes.https://t.co/qt0aNwqCj2
— CELS (@CELS_Argentina) March 23, 2018
“La Ley de Migraciones fue sancionada en 2004, luego de una lucha de años para que la Argentina tuviera un marco regulatorio democrático, y hoy en día es un ejemplo en el mundo. El gobierno intentó modificarla en un sentido regresivo en materia de derechos humanos y de manera unilateral e inconsulta. Esta decisión judicial lo impide y reafirma que las propuestas de modificación del marco regulatorio deben ser tratadas en el Congreso y que las políticas migratorias deben estar orientadas hacia la protección de los derechos de las y los migrantes”, señaló el CELS.