La presentación de la declaración jurada rectificativa de Manuel Adorni no logró desactivar la polémica por las inconsistencias detectadas en su patrimonio y derivó en una nueva ola de cuestionamientos políticos. Mientras el jefe de Gabinete busca explicar el origen de los fondos omitidos, desde distintos sectores reclamaron mayores precisiones sobre su situación patrimonial.

Una de las críticas más fuertes provino de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien consideró que lo ocurrido «es más que un error, es una omisión ética». La funcionaria sostuvo que los integrantes del Gobierno deben actuar con absoluta transparencia y dar explicaciones claras ante cualquier irregularidad vinculada a sus declaraciones patrimoniales.

También la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar del oficialismo y lanzó una de las definiciones más duras sobre el caso. «Es una vergüenza», afirmó sobre la situación del jefe de Gabinete, y reclamó que se esclarezcan las inconsistencias detectadas en la documentación presentada.

Desde la oposición, Unión por la Patria impulsó un pedido de censura contra el funcionario y promovió iniciativas para interpelarlo en el Congreso. Los legisladores del espacio sostienen que las rectificaciones efectuadas en las declaraciones juradas requieren explicaciones políticas además de las que puedan brindarse en el ámbito judicial.

A los cuestionamientos se sumó el PRO, que difundió un duro comunicado en el que aseguró que la omisión patrimonial de Adorni «no tiene justificación posible». El partido consideró que el episodio afecta la credibilidad institucional y reclamó una explicación exhaustiva sobre los bienes incorporados de manera tardía.

En medio de la controversia, el Gobierno intenta contener el impacto político del caso mientras continúan las repercusiones dentro y fuera del oficialismo. La discusión volvió a colocar en el centro del debate los mecanismos de control patrimonial y las exigencias de transparencia para los funcionarios públicos.

Por su parte, Adorni defendió la rectificación presentada ante la Oficina Anticorrupción y aseguró que toda la documentación respaldatoria ya fue puesta a disposición de los organismos competentes. El funcionario insiste en que no existió ocultamiento deliberado y atribuye las inconsistencias a errores en las presentaciones originales.

En ese contexto, el jefe de Gabinete confirmó que en julio concurrirá al Senado para brindar su informe de gestión y responder las consultas de los legisladores. Se espera que durante esa exposición deba afrontar numerosas preguntas vinculadas a la polémica por su declaración jurada y las repercusiones políticas que generó el caso.