El juez federal Hugo Greca condenó a dos años de prisión en suspenso a siete miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por los delitos de atentado, resistencia a la autoridad y usurpación, por la ocupación de dos predios en Villa Mascardi, localidad de Rio Negro, entre 2017 y 2022.
El juicio comenzó el jueves pasado, aunque los hechos se remontan a noviembre de 2017, cuando un grupo de personas autodenominadas mapuches ingresaron a un predio perteneciente a Parques Nacionales, ubicado en el kilómetro 2.006 de la ruta nacional 40.
La primera usurpación se extendió luego a otros terrenos lindantes, pertenecientes a entidades públicas, sindicales, religiosas y personas particulares. Todos los predios ocupados sobre la ruta 40 fueron desalojados en octubre de 2022, durante un operativo del que participaron la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Cuatro de los imputados –Martha Luciana Jaramillo, Maria Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra Aylen Tapia– recibieron una pena de dos años con ejecución en suspenso, la obligación de fijar domicilio por ese plazo y de someterse al cuidado del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de la provincia de Río Negro.
Asimismo, Yessica Fernanda Bonnefoi recibió una pena de dos años y dos meses de prisión, como coautora del delito de usurpación, que se suman a los seis meses que le impusieron en 2023 en la misma causa, por lesiones leves y dolosas agravadas, y resistencia a la autoridad. En tanto, Joana Micaela Colhuan y y Gonzalo Fabián Cona fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel en suspenso.
Inicialmente había ocho imputados, pero la machi de la comunidad mapuche, Betiana Colhuan, fue absuelta durante la primera audiencia, ya que era menor de edad al momento del hecho: tenía 16 años.
La defensa había pedido que la machi declarara como testigo “para que detalle cómo se realizó el violento desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, el 23 de noviembre de 2017″. Consideraron “muy importante su testimonio, porque sufrió en carne propia el violento desalojo que llevaron adelante las fuerzas federales”.
Sin embargo, el juez decidió que declarara como “amicus curiae”, para aportar sobre la cosmovisión mapuche y así lo hizo Colhuan el viernes pasado, durante la segunda audiencia del juicio. Dijo que la comunidad no eligió ese lugar por “un negocio inmobiliario o turístico”, sino porque “toda la vida estuvimos vinculados con ese territorio, y hoy ahí está la placenta de los hijos que parí en el lugar”.
Colhuan indicó que en la zona en disputa entre la comunidad y el Estado vivió su abuelo, y que desde pequeña mantuvo contacto con la zona, al igual que toda su familia.
Durante la tercera y última audiencia del juicio, los defensores de la Gremial de Abogados hicieron hincapié en que la decisión del juez podía inscribirse en un proceso histórico y dar un paso hacia una sociedad intercultural.
Aunque, desde la semana pasada venían manifestando que durante el juicio “se montó un show político para seguir estigmatizando al pueblo mapuche”, al tiempo que consideraron que la sentencia condenatoria “ya estaba escrita y firmada”.
El rewe: un espacio sagrado que continúa en disputa
Durante el gobierno de Alberto Fernández, luego de ese desalojo, el Estado nacional se comprometió a reconocer el rewe como sitio sagrado de la comunidad mapuche en Villa Mascardi. El acuerdo, cuestionado por los vecinos y la oposición principalmente conformada por Juntos por el Cambio, se concretó en junio de 2023.
Antes de la sentencia conocida este lunes, dos de las mujeres mapuches afirmaron que continuarán luchando por las siete hectáreas donde actualmente está el sitio sagrado. El rewe se ubica en un terreno en el que funcionaba el hotel IOS, que fue destruido durante la usurpación.