En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción del proyecto de modernización laboral, la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo triunfo político con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos. Un sector de Unión por la Patria y los bloques de izquierda votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de “punitivista”.
Acto seguido, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.
Con 149 votos afirmativos, 100 negativos y 0 abstenciones, obtiene media sanción el Nuevo Régimen Penal Juvenil. pic.twitter.com/3YK8w7uRyO
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 12, 2026
El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.
El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− optó por diferenciarse al coincidir con el oficialismo en fijar en 14 años el piso de punibilidad, pero insistió en que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Por eso advirtió que, si la ley es sancionada, podría ser judicializada.
Detalles del proyecto
La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.
Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.
💬| @PablogFarias: “No se puede seguir dilatando este debate ante la sociedad. Necesitamos un sistema de responsabilización de los niños y adolescentes actualizado, con medidas preventivas, graduaciones penales y penas alternativas”. pic.twitter.com/M0f7dLKC4B
— Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 12, 2026
El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.
Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.
El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.
“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.
El oficialismo, con apoyo peronista, ratificó en Diputados el tratado Mercosur-Unión Europea
Con el peronismo dividido en el voto y la ayuda de aliados, el oficialismo de Diputados consiguió aprobar con media sanción el proyecto de ley que ratifica el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, a través de 203 votos positivos, 42 negativos y cuatro abstenciones.
Este acuerdo permitirá bajar aranceles de más del 90% a las exportaciones y recortar las barreras de acceso para bienes industriales de Europa. La iniciativa fue incorporada a la agenda de sesiones extraordinarias luego de la firma del acuerdo comercial el 17 de enero en Asunción, informó Noticias Argentinas.
La media sanción abre un mundo de posibilidades para los productores y la industria Argentina, que pasarán a formar parte de LA MAYOR ZONA DE LIBRE COMERCIO DEL MUNDO.
La visión de @JMilei y la pericia de @pabloquirno fueron la base para hacer esto posible.
Sesión histórica! https://t.co/QG5pDmsINs pic.twitter.com/iGjAcgGRqG
— Lisandro Almirón (@lisandroalm) February 13, 2026
El oficialismo sumó los respaldos del PRO, la UCR y Provincias Unidas, entre otros bloques dialoguistas, pero la sorpresa es que además captó 43 votos de Unión por la Patria, incluido el del jefe del bloque, Germán Martínez.
Esta cantidad superó a los 38 votos peronistas (La Cámpora, el kirchnerismo y el graboisismo) que se volcó por el rechazo a la iniciativa, en tanto que los cuatro restantes se dividieron.
Qué establece el tratado Mercosur-Unión Europea
La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.
El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.
Ese proceso podría demorar hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.