El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales y supuestas extorsiones a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, al tiempo que emplazó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a que informe sobre las 5.000 toneladas de alimentos que tiene sin distribuir en las reparticiones de su cartera y que elabore un plan para entregarlos a los más necesitados de manera inmediata.
El magistrado llamó a Belliboni para el próximo 25 de junio para que declare en el marco de la causa que investiga presuntos manejos irregulares en comedores escolares, denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei tras una auditoría propia sobre los recursos destinados a estos centros de asistencia.
Casanello mencionó que la causa “se inició a través de las voces de quienes denunciaron” a través de la línea 134 del Ministerio de Seguridad “haber sido obligados a movilizarse a cambio de o para mantener un plan social”. Dijo que “todas las personas que fueron escuchadas en su calidad de beneficiarias del Potenciar Trabajo indicaron haber accedido al beneficio a través de organizaciones sociales, que actuaron como unidades de gestión”.
Belliboni, dirigente del Polo Obrero, ha estado en conflicto con el Gobierno libertario por el manejo de los planes sociales y las protestas callejeras, en especial a partir de la creación del protocolo antipiquetes por parte del Ministerio de Seguridad.
La sospecha es que el Polo Obrero usó “facturación apócrifa” y simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos” recibidos del Estado, sostuvo Casanello.
En paralelo, en otra causa que investiga serias demoras del Gobierno en el reparto de alimentos a comedores, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que presente el “stock” actual de alimentos de varios depósitos que detalló y le pidió que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas [al juzgado]”.
El Gobierno reconoció el jueves pasado que cerca de 5 mil toneladas de alimentos adquiridos durante la anterior gestión se encuentran guardados en los depósitos del Ministerio de Capital Humano como reserva para situaciones de “emergencia”. La denuncia que dio origen a este expediente la presentó Juan Grabois contra la ministra Sandra Pettovello.