Para sacar a Reino Unido del caos político del Brexit tras el aplastante rechazo de su acuerdo la semana pasada, la primera ministra Theresa May propuso ayer lunes un nuevo plan consistente en modificar el punto más conflictivo y así volver a renegociar con la Unión Europea.

El denominado «backstop», un mecanismo destinado a evitar la reinstauración de una frontera entre Irlanda -país miembro de la UE- y la provincia británica de Irlanda del Norte, fue responsable del estrepitoso fracaso de May ante el parlamento el pasado martes.

Por eso ayer la primera ministra volvió ante los diputados con una nueva propuesta consistente en encontrar una solución a la cuestión irlandesa aceptable por la mayoría. May prometió ser «más flexible» con los legisladores al tratar de acordar cambios para lograr el respaldo de Irlanda del Norte, una póliza de seguro para garantizar que no habrá retorno a los controles fronterizos entre la provincia británica e Irlanda.

Los diputados habían rechazado el martes por una aplastante mayoría el acuerdo que May negoció durante año y medio en Bruselas, sede de la UE: 432 votaron en contra —incluidos 118 rebeldes conservadores— y solo 202 a favor.

Esos mismos rebeldes, además del pequeño partido unionista norirlandés DUP de cuyo esencial apoyo depende la estrecha mayoría parlamentaria de May, decidieron sin embargo un día después mantener a la primera ministra en el cargo, al votar contra una moción de censura lanzada por la oposición laborista.

May inició entonces encuentros con el resto de los partidos en busca de un consenso para acabar con el bloqueo. Pero el diálogo fracasó. El líder laborista Jeremy Corbyn se negó a conversar hasta que May descartase fehacientemente la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, a lo que ella respondió que era «imposible». Otros partidos insistieron en la convocatoria de un segundo referéndum del que la primera ministra ni quiere oír hablar.

Así, la nueva propuesta presentada ayer lunes -que los diputados votarán el 29 de enero- es simplemente una versión del plan inicial que busca satisfacer a los tories (conservadores) rebeldes y al DUP.

La UE ya ha rechazado en el pasado modificar o cancelar el «backstop», pero May parece esperar que un apoyo del parlamento el próximo martes le permita convencer a Bruselas de la necesidad de renegociar este controvertido punto.

La UE, que tiene una economía seis veces más grande que el Reino Unido, dice que quiere una salida ordenada, pero sus funcionarios han expresado frustración y tristeza por la profundización de la crisis en Londres por el Brexit.

Referéndum, si o no

La primera ministra británica rechazó ayer lunes convocar un segundo referéndum sobre el Brexit, al presentar su Plan B para volver a abordar con la UE la controvertida salvaguarda diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte.

Al exponer los pasos que planea seguir a parir de ahora, argumentó en contra de la convocatoria de un nuevo plebiscito sobre la salida de la UE, al considerar que dañaría la «cohesión social».

«Tengo miedo de que un segundo referéndum sentaría un difícil precedente, que podría tener implicaciones significativas sobre cómo manejamos los plebiscitos en este país», sostuvo May, quien advirtió de que ese escenario requeriría además extender el plazo de salida de la UE más allá de la fecha fijada del 29 de marzo.

A ese respecto, adelantó que la UE no aceptará un retraso si no hay perspectivas de que el Parlamento británico puede aprobar un acuerdo.

Los planes de May serán puestos a prueba el próximo 29 de enero, cuando la Cámara de los Comunes debatirá y votará una moción presentada por el Gobierno.

Será una moción «neutra», que se limitará a constatar que los diputados han considerado las propuestas de la primera ministra, pero podrá ser enmendada por las diversas fuerzas políticas, lo que abre la puerta a que los parlamentarios tomen cierto control del Brexit y modifiquen la hoja de ruta del Ejecutivo.

La diputada laborista Yvette Cooper adelantó que planea presentar una cláusula a la moción que se debatirá la próxima semana, que forzaría al Gobierno a solicitar una extensión del plazo de salida de la UE si no logra aprobar un acuerdo a finales de febrero.