El juez federal Claudio Bonadio amplió hoy el procesamiento con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por los cuadernos de la corrupción, por otros cinco casos de cohecho, y elevó el embargo en su contra a $80 millones.
Bonadío dijo que la prisión preventiva de la expresidenta «se hará efectiva cuando el Senado de la Nación apruebe su desafuero, o bien, cuando cesen sus fueros». El juez consideró «inverosímil» el argumento que dio la expresidenta cuando se defendió en los tribunales, al decir que desconocía todas las maniobras ilícitas que se le imputaban.
Entre otros elementos que están detallados en la resolución, alude a uno de los dichos de Juan Manuel Campillo, exministro de Hacienda de Santa Cruz, quien al declarar como arrepentido dijo que Daniel Muñoz, el exsecretario de los Kirchner, le había dicho que el dinero que estaba a su nombre era en realidad una fortuna que no era suya.
También se refiere a que, según describió en decenas de ocasiones el chofer Oscar Centeno y luego ratificaron otros imputados en sus declaraciones, el dinero recaudado por la organización delictiva era entregado en el departamento de Néstor y Cristina Kirchner, ubicado en la dirección Uruguay 1306, en Recoleta.
Cuando se presentó a declarar al juzgado de Bonadio, Cristina presentó un escrito donde desconoció los hechos que se le imputaron. «El desconocimiento de los sucesos que fue alegado en su presentación se vuelve más inverosímil aún si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero recolectado en el ámbito del Ministerio señalado era el Secretario Privado de Presidencia y este era entregado, principalmente, en un domicilio de su propiedad (Uruguay 1306 de esta ciudad), como así también en la Quinta Residencial de Olivos».
Según el juez, «las constancias incorporadas dan cuenta de su participación en el sistema ilegal de recaudación llevado a cabo durante la presidencia de su cónyuge, como también su continuación hasta los últimos días de su gobierno».
En la misma resolución, el juez amplió los procesamientos de los empresarios de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, y Jorge Neira, de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación Roberto Baratta y Ezequiel García por cohecho pasivo, y procesó a los directivos de Isolux Mario Maxit y Juan Carlos De Goycoechea por cohecho activo.