El presidente Alberto Fernández derogó el decreto por el que había ordenado la intervención de la empresa Vicentín durante un plazo de 60 días y formuló críticas a los accionistas de la cerealera y al juez que lleva adelante el concurso.
El Presidente hizo el anuncio vía Twitter, donde señaló que el magistrado Fabián Lorenzini «ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019″.
La determinación del mandatario ocurre horas después de que se truncara el acuerdo con los accionistas de la agroexportadora y Santa Fe diera por caída la negociación.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
«El Estado Nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo», afirmó Fernández en una catarata de tuits.
En el mismo sentido, señaló que la intención del Gobierno «siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo». Y siguió: «Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».
Fernández sostuvo que «la intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial», para luego remarcar que «en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores».
«He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado», concluyó.
En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores.
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
La cruzada por Vicentin generó críticas del empresariado y la oposición, más un potente rechazo de un sector de la sociedad, que al día siguiente de que se conociera la intención de intervenir y expropiar a la cerealera inició una serie de manifestaciones en plena cuarentena que se replicaron en distintos puntos del país.
Luego del revuelo, Fernández fue dando indicios de que una marcha atrás en la medida era algo inminente e inevitable. «Pensé que iban a salir a festejar», se sinceró a la hora de hacer un balance las reacciones.
La expropiación de Vicentin nunca llegó a concretarse porque el juez Lorenzini impidió a los funcionarios interventores tomar el control de la empresa. Con un DNU que lleva el número 636, el jefe de Estado derogó el 522 con el que había ordenado la intervención.