El aumento en las tarifas genera preocupación en los consumidores que, lápiz y papel en mano, evalúan cómo hacer para no terminar con la cabeza bajo el agua, tras la enorme cantidad de incremento en las facturas que el gobierno de Mauricio Macri autorizó en los últimos tiempos. Y como el malestar de la gente influye en la imagen de los políticos, y eso repercute en las urnas, varios diputados se pusieron en marcha para pedir explicaciones.
Ese es el caso de la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que se unió con legisladores radicales, y juntos le pedirán al jefe de Gabiente, Marcos Peña, que presente un informe sobre los tarifazos que se vienen aplicando, sobre todo en materia energética. En ese sentido, quieren saber si existen controles a las empresas que suministran el servicio y cuál es el impacto real entre los consumidores.
Las presentaciones se llevarán a cabo esta semana en la Cámara de Diputados y se busca una revisión de la política tarifaria y las nuevas grillas de facturación, que pusieron en marcha a partir de este año las compañías de luz. En tanto, el bloque de Carrió elevará hoy un proyecto de resolución que interpela directamente a Marcos Peña, que deberá presentarse en el Congreso para rendir cuentas.
Carrió quiere saber si
existen controles a las
empresas de servicios.
Las especulaciones en el entorno más íntimo del mandatario son muchas, ya que varios ministros sienten como una “tocada de oreja” la actitud crítica que tiene la referente política y aliada del oficialismo. Esta unión, aunque puntual y transitoria, con el radicalismo, tampoco sería del agrado de los macristas más recalcitrantes, que no ven con buenos ojos los cuestionamientos que realiza Carrió y sus deslices públicos y privados.
Esta postura de la legisladora podría significar el principio del quiebre, ya que las preguntas que se espera que le formule la diputada al jefe de ministros son llamativamente punzantes. En ese sentido, la líder de la Coalición deslizará hoy que el Gobierno podría haber beneficiado a las empresas “por acción y omisión”, especialmente a las del empresario Marcelo Mindlin, que hace un año se quedó con la constructora del primo del presidente.