El juicio oral contra la ex presidente Cristina Kirchner por presuntas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, que iba a comenzar el 26 de febrero, se postergó para el 21 de mayo porque uno de los jueces del tribunal sufrió una descompensación cardíaca.
El magistrado Jorge Tassara fue sometido este lunes a estudios médicos y este martes será operado para colocarle un triple by pass, por lo que se decidió la postergación del inicio del debate judicial contra la ex mandataria.
Los otros dos integrantes del TOF 2, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, optaron por postergar el inicio del debate oral y esperar a su colega en lugar de incorporar a un reemplazante. “Entre recusaciones, excusaciones y compromisos de agenda, la incorporación de un nuevo juez llevaría el mismo, o más tiempo”, explicaron a fuentes judiciales.
Se trata del caso por las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública por 46 mil millones de pesos que el empresario detenido Lázaro Báez recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. Junto a la ex mandataria y actual senadora van a ser juzgadas otras 15 personas.
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Todavía no se sabe cuánto será el tiempo que Tassara tendrá de recuperación. Pero se estima que para fines de mayo ya estará de regreso. Por eso se fijó el 21 de mayo como nueva fecha de inicio del juicio. «Todo queda supeditado a las resultas de la cirugía. Pero para esa fecha tendría que estar reintegrado», le dijo a este medio una fuente del tribunal.
Para este juicio se designó un cuarto juez porque por su extensión -se prevé que dure por lo menos un año- puede darse que durante el desarrollo alguno de los tres titulares no pueda continuar. El cuarto juez es Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 3.
En el caso por la obra pública serán juzgados Cristina Kichner, Báez y otras 14 personas. La mayoría del Ministerio de Planificación Federal: Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner –primo del ex presidente Néstor Kirchner y preso en esta causa–, Abel Fatala y Néstor Periotti.
La acusación es por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública porque durante los 12 años de kirchernismo el Grupo Austral, de Báez, recibió de manera presuntamente irregular 52 contratos de obra pública para la provincia de Santa Cruz por 46 mil millones de pesos. La hipótesis que se juzgará es que muchas de esas obras tuvieron sobreprecios o no se terminaron.