El Tribunal Oral Federal 2 rechazó este lunes el pedido que presentaron los abogados de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se retrase el inicio del juicio oral en su contra por los fondos de la obra pública, por lo que las audiencias comenzarán el próximo 26 de febrero.
Se trata del primer juicio contra la ex jefa de Estado y otros imputados, entre ellos Lázaro Báez, José López, y Julio De Vido. Este pedido se suma a otro presentado días atrás por Carlos Beraldi, abogado de la ex mandataria, para que se postergue la fecha de inicio del juicio dado que todavía no está concluida una pericia de expertos de la Corte Suprema de Justicia.
El pedido de los letrados de CFK ya había sido rechazado por el titular de la Fiscalía General N° 1 ante los Tribunales Orales Federales, Diego Luciani, quien a través de su dictamen pidió ratificar el inicio del debate oral en el que Cristina está imputada, junto a otros funcionarios, por fraude en la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz.
La defensa de Cristina Fernández había solicitado al Tribunal que dejase sin efecto la resolución que fijó el 26 de febrero como fecha de inicio del juicio, argumentando que no había transcurrido el plazo mínimo de 10 días hábiles -previsto en el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación- entre la conclusión de la instrucción suplementaria y la fecha de inicio del juicio.
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“Así, se estima que para el momento en que se incorpore la prueba pericial referida estará comenzando la etapa de producción de prueba, por lo que el ejercicio del derecho de defensa y el pleno contradictorio se encontrarán ampliamente resguardados en tanto los peritos intervinientes concurrirán a declarar luego de presentado su estudio técnico”, argumentaron los jueces que componen el Tribunal, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara.
Y agregaron en su resolución que “si de las conclusiones de la pericia surgiera la necesidad de reconvocar a algún testigo que ya hubiere declarado, las partes podrán así solicitarlo”.
Tanto el fiscal del caso, Diego Luciani, como las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) -dos organismos del gobierno nacional que actuarán como acusadores privados- habían pedido rechazar el pedido de postergación.
El juicio por la obra pública es por la presunta entrega irregular de 52 contratos del Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, para las empresas de Báez en Santa Cruz por 46 mil millones de pesos durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.