El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Florencia y Máximo por lavado de dinero en la causa conocida como Los Sauces, por el alquiler de complejos habitacionales a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, ambos detenidos.

Báez también deberá sentarse en el banquillo de los acusados al igual que sus hijos Martín, Leandro, Luciana, y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esta es la primera vez que los hijos de la ex mandataria son enviados a juicio oral.

Completan la nómina de los imputados Emilio Carlos Martín, Claudio Fernando Bustos, Martín Samuel Jacobs, Romina de los Ángeles Mercado, Carlos Alberto Sancho, Norma Beatriz Abuin, Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz, Víctor Alejandro Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Oscar Alberto Leiva, Rolando Aníbal D’Avena, Marcelo Gustavo Mazú, Raúl Oscar Avarese, Lisandro Manuel Gauna y Mónica Liliana Romero.

Según describió Ercolini, a Cristina Kirchner se la acusa de haber liderado una asociación ilícita que diseñó, ejecutó y dirigió entre 2009 y 2016 «un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces S.A». Con esa operatoria, se lograba «legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado a través de empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la sociedad comercial».

 

La hipótesis de los fiscales del caso apunta a que Néstor y Cristina Kirchner compraron varias propiedades a través de Los Sauces, que luego fueron dadas en locación a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López con el propósito de que ese alquiler constituyera la causa jurídica que justificara el flujo de fondos millonarios a través del que se buscaba legitimar dinero de origen ilícito.  Así, el matrimonio presidencial habría ingresado a su patrimonio millones de pesos provenientes de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz bajo una fachada legal aparentemente lícita.

El pedido de elevación a juicio de la causa fue pedido por la Fiscalía y por la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera -que actúan como querellantes-, mientras que varias defensas se opusieron pero el juez Ercolini rechazó esas planteos.

Cristina Kirchner tendrá la agenda judicial completa en 2019. Es que a este juicio oral se suman otras causas en las que deberá sentarse en el banquillo de los acusados: la primera será a partir del 26 de febrero, por la concesión de la obra pública en Santa Cruz.  En la misma instancia -aún sin fecha de inicio- se encuentran los casos por el dólar futuro y por la firma del memorándum con Irán.

Por otra parte hay dos procesamientos a la ex mandataria que están bajo revisión de la Cámara Federal. Uno es en la causa «Hotesur» y el segundo en el expediente de los cuadernos de la corrupción.