Los intendentes de Avellaneda y La Matanza presentaron en distintos juzgados federales amparos para suspender la eliminación del Fondo Sojero, una medida dispuesta por el Gobierno Nacional que representa una gran pérdida para los municipios y que equivale «a 300 patrulleros nuevos”, según se graficó.

La eliminación del Fondo Sojero Solidario dispuesta por el presidente Mauricio Macri a través de un decreto sigue generando revuelo. En las últimas horas se conoció que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, presentó un amparo en el tribunal federal de Quilmes para suspender la medida. Del mismo modo procedió Verónica Magario, de La Matanza, que presentó un pedido igual en el juzgado federal número 2 de San Martín.

“Sin el Fondo Sojero perderíamos la equivalencia a 300 patrulleros nuevos, 100 aulas para escuelas, 15 salas de salud y 150 cuadras nuevas de asfalto. Por lo tanto esto significa menos seguridad, menos educación, menos salud y menos trabajo para todos nuestros vecinos”, graficó Magario en su cuenta de Facebook. Ferraresi manifestó que “representa un riesgo inminente respecto al cumplimiento de los contratos de obra pública en ejecución y a ejecutarse por la Comuna”.

En ese sentido, Francisco Durañona, de San Antonio de Areco, había dicho que «Macri está mostrando de manera brutal su rostro unitario y centralista, de enorme desprecio hacia el interior, las Provincias y los Municipios”. Hace dos días, el municipio de Roque Pérez, presentó una medida similar a la de Magario y Ferraresi, con el auspicio de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Un jefe comunal oficialista de la quinta sección electoral bajó la temperatura del conflicto, y si bien admitió que es una baja presupuestaria, aseguró que las obras en su distrito continuaran pero de forma más lenta. Otro intendente, también de Cambiemos, pero de la segunda sección,  se expresó en el mismo sentido: “Para nosotros no es un problema porque tenemos las cuentas ordenadas”, aunque admitió que habrá una merma en obras.

El Fondo Sojero Solidario se creó en 2009 y tiene “la finalidad de financiar, en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes”. De esta forma el Estado Nacional distribuía de forma directa a municipios el 30% de los impuestos recabados por la exportación de soja y sus derivados, como la harina y el aceite.