Todo surgió cuando, previo a la firma del pacto fiscal, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti les pasó a sus pares un detalle del peso de los subsidios en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, en especial en el Conurbano, respecto del resto de los distritos del país.

Aquel hecho derivó en que el Pacto Fiscal incluye un artículo que establece la reducción progresiva de subsidios a esos distritosEdenor, Edesur y Aysa son las empresas de servicios públicos que los gobernadores pidieron traspasar a la Ciudad y a la Provincia.

Ayer, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Larreta, se reunieron con el ministro de Economía nacional, Nicolás Dujovne, para cruzar datos e informes sobre el impacto del traspaso, que por ahora no incluiría a Aysa.

La transferencia general de esos servicios
a la Provincia significaría un durísimo impacto
para la administración de Vidal y, por ende,
también para las administraciones municipales.

Pero Edenor y Edesur no son las firmas que implican más gasto. La jugada fuerte en términos de recursos es AYSA y sobre ese tema, según coincidieron Vidal, Larreta y Dujovne, abrazados a argumentos técnicos, no hay chances de traspaso de la empresa proveedora de agua potable y cloacas en Capital y 26 distritos bonaerenses.

En este tema, también el PJ y el gremio se oponen a la transferencia. Es que la transferencia general de esos servicios a la Provincia significaría un durísimo impacto para la administración de Vidal y, por ende, también para las administraciones municipales.

En concreto, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, sostuvo que, con sus pares, “no estamos de acuerdo con que se tomen desde otras provincias (por Schiaretti) decisiones que afectan a los bonaerenses”, y agregó que “Buenos Aires tiene problemas concretos de financiamiento que se agravarían con una medida como esta”.

Lo cierto es que el presidente Macri necesita hacer un gesto hacia los gobernadores peronistas en el marco de las negociaciones para conseguir los votos que le permitan sancionar sin sobresaltos en el Congreso la ley de Presupuesto 2019. Y también necesita enviar señales a los mercados y al FMI sobre si decisión de no correrse de la meta de baja del déficit fiscal al 1.3 por ciento.