La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se refirió a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de no efectivizar la resolución que obligaba a los usuarios a abonar una deuda de las empresas prestadoras, al indicar que «el Gobierno ha escuchado que mucha gente sentía que no lo podía afrontar».

En este sentido, señaló que “es bueno escuchar, siempre, y este es un gobierno que escucha. Escucha no solo a los opositores y al acuerdo Cambiemos, y sobre todo escucha a la gente. Y en función de esta realidad, el Gobierno ha escuchado que mucha gente sentía que no lo podía afrontar».

«Me duele en el alma cada aumento porque sé lo que les está costando llegar a fin de mes a los argentinos. Pero no les puedo mentir: no me eligieron para que les mienta, sino para que los guíe al futuro», agregó.

La mandataria realizó las declaraciones en la localidad de Ranchos, lugar que visitó y donde, junto con el intendente Juan Manuel Alvarez, recorrió el avance de obras de desagüe.

 

 

El presidente Mauricio Macri decidió dar marcha atrás con la medida que obligaba a los usuarios a resarcir a las distribuidoras de gas por los efectos adversos de la devaluación, que modificó la estructura de costos de los contratos, suscriptos en dólares, con las empresas productoras.

El dato político es que, por primera vez en tres años, la UCR pudo «persuadir» a sus socios del PRO, que ocupan el Gobierno, de dar marcha atrás con una medida.

Acuerdo con estatales

La Provincia logró acordar un aumento del 11% para octubre y noviembre con los trabajadores estatales bonaerenses, que alcanzarán un total de 30%, mientras que en diciembre tendrán una nueva revisión, propuesta que iría en la misma linea para los docentes.

El cierre de la paritaria fue adelantado por fuentes de sindicales. UPCN y Fegeppba (Salud Pública, Soeme, APOC y AERI), que en conjunto agrupan a más del 50% de los representados en la administración pública bonaerense, confirmarán en las próximas horas la aceptación a través de un escrito.

En tanto, la propuesta fue rechazada por ATE, Cicop (médicos) y el sindicato de los empleados de Obras Públicas (Aemopba), quienes consideraron que era insuficiente.