Luego de la polémica por la discusión de las tarifas que generó revuelo entre los intendentes del peronismo, la gobernadora María Eugenia Vidal promulgó la ley que establece la eliminación de los impuestos en las boletas de luz y agua.
El proyecto prevé la quita de las contribuciones a los municipios en las facturas de ambos servicios y faculta a que los intendentes a negociar una tasa con las empresas de distribución.
«Cada municipio podrá aplicar a la distribuidora correspondiente, conforme a la normativa local, todo gravamen o derecho municipal que corresponda, los que en total no podrán exceder el seis por ciento de las entradas brutas de la distribuidora, netas de impuestos, recaudadas en su jurisdicción por la venta de energía eléctrica con excepción de las correspondientes por suministros para alumbrado público», señala el artículo que fue modificado, para que los intendentes no pierdan recursos para sus comunas.
Si bien todavía rige el actual acuerdo de las empresas de distribución y cooperativas con la administración provincial, algunos intendentes comienzan a pensar la estrategia para reunirse y lograr un acuerdo satisfactorio para las arcas municipales.
La polémica se había iniciado cuando Vidal mandó el proyecto que reducía el impuesto que las eléctricas le cobraban a los usuarios del 6 por ciento al 0,01 por ciento sobre el consumo, y que iba destinado a los municipios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la ley 11.769, que regula el sistema eléctrico en la Provincia.
Ante el dinero que iban a perder, y luego de que la iniciativa pasara la votación del Senado, con el único acompañamiento de Cambiemos, los jefes comunales comenzaron a negociar con Diputados una salida que permitiera reducir las tarifas y, a la vez, no afectar tanto las cuentas municipales.
El punto de encuentro al que se llegó fue directamente eliminar el artículo 75. Si se mantenía esa carga, aunque fuere en el 0,01 por ciento, los municipios quedaban inhabilitados de crear tasas que gravaran el mismo servicio, y con ello quedaban imposibilitados de tener algún recupero del dinero que perdían por la rebaja del impuesto, que es el que se les cobra a las empresas por el uso del espacio público y que estas cargan al usuario.