Las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara presentaron un proyecto que buscar eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones.
La iniciativa propone un “control de convencionalidad” para las prisiones preventivas, que establece su anulación lisa y llana cuando imputado se crea comprendido en una serie de supuestos, entre los cuales está la difusión en los medios de las acusaciones en su contra.
Para justificar su contenido, la iniciativa califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como “verdaderos linchamientos mediáticos”, y señala que las publicaciones en los medios “que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado» es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.
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El proyecto (S-3435/19) fue girado a fines de enero a la comisión de Justicia y Asuntos Penales para su discusión, en el marco de las críticas del kirchnerismo hacia los procesos judiciales en curso contra ex funcionarios y dirigentes sociales.
El texto enumera nueve condiciones para solicitar la nulidad de las ordenes de detención, entre los que se destacan la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.
También, “el incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso” y la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido”.
Con relación al rol del periodismo, cuestionaron la “amplia cobertura de los medios de comunicación masivos y concentrados que procuran manipular la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar o minimizar otros”.
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En ese sentido, agregaron: “Muchos referentes con amplia representación y legitimidad en nuestro país están sometidos a proceso, acusados de una gran variedad de figuras penales. Los procesos abiertos son suficientes para afectar la organización y la movilización de diferentes colectivos sociales; tanto de los que están directamente involucrados en las causas, como de aquellos que se ven intimidados por este accionar judicial”.
El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó el proyecto de ley: “Es un traje a medida para la impunidad”, señaló el diputado radical en las redes. “Una nueva idea del kirchnerismo. Con una ley hacen que sea casi imposible que un político corrupto vaya preso”, agregó.
En tanto, la abogada Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, afirmó en una entrevista con radio La Red que la iniciativa “no es bueno” y “tiene severos problemas en términos penales, desde el artículo primero«. “No es un proyecto feliz en ninguna de sus causas”, agregó.