El Gobierno convocó para la semana próxima a una reunión entre la cadena de supermercados Carrefour Argentina, que anunció una profunda crisis financiera, y los sindicatos que denunciaron que hay 3.000 puestos laborales en riesgo.
Así lo reveló el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al referirse a la sorpresiva decisión de la empresa de capitales franceses de presentar un Proceso Preventivo de Crisis ante la cartera laboral.
Triaca dijo que llamó a una audiencia para que las partes puedan expresarse para hallar “un consenso en el camino que tienen que transitar” para “cuidar los derechos de los trabajadores en base al convenio vigente”. «A partir del impacto en los cambios tecnológicos, como las cadenas de comercialización digital, muchas empresas están en una situación donde tienen que analizar cómo transformar la compañía pero también cómo brindarle a sus trabajadores oportunidades a través de la capacitación, de la formación profesional y encontrar nuevas líneas de producción”, sostuvo el ministro de Trabajo.
Fuentes de la cartera laboral indicaron que en la reunión -que podría realizarse el lunes- se conocerá cuál es el estado de situación y las exigencias que tiene la compañía.
“La empresa alega un fuerte aumento en los costos y caída en las ventas. El objetivo es resguardar los puestos de trabajo, pero todavía no se puede hacer una evaluación concreta”, destacaron desde el Ministerio.
«Vamos a trabajar para buscar consensos
y encontrar una solución para resguardar
las fuentes de trabajo», dijo Triaca.
El sindicato de Empleados de Comercio denuncia que la firma pretende cerrar 11 locales, despedir 3.000 empleados -de los 18 mil que tiene en total- y reducir 20% los salarios. Desde el gremio que conduce Armando Cavalieri afirman que el propósito es el despido de unos 2.700 empleados y el cierre de locales comerciales.
De acuerdo con la Ley de Empleo 24.013, el Proceso Preventivo de Crisis (PPCE) se aplica cuando se afecte a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores.
Este recurso se tramita con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.